Junts per Catalunya (JxCat) “vulneró todas las reglas del derecho a la defensa” al apartar al exdiputado Eduard Pujol tras unas denuncias de acoso sexual que el partido jamás comprobó y que resultaron ser “falsas”, según el juez de Barcelona que ha enviado a juicio por un delito de injurias y calumnias a Noemí Ll., la concejal de la formación independentista en Pineda de Mar (Barcelona) que había mantenido una relación sentimental con Pujol, a quien denunció ante la dirección del partido por un supuesto episodio de acoso que nunca existió.
Pujol “ha sufrido un grave perjuicio económico, social y político” por la “acusación calumniosa” de la edil y por la “fulminante actuación de los gestores” de Junts, que no tuvo “la más mínima constatación de la veracidad de las acusaciones”, según el reproche lanzado por el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, en un auto al que ha accedido Columna Digital en el que confirma que hay indicios para juzgar a Noemí Ll.
Al atribuirle un delito a sabiendas de su falsedad, la concejal provocó que Pujol cayera en “una especie de proscripción social”. La reprimenda a Junts, aunque sin consecuencias penales, también es de calado. El juez Aguirre recuerda que el derecho a la defensa “no debe ser ajeno al ámbito político” porque vulnerarlo “puede causar un daño irreparable al afectado”: en el caso de Pujol, eso se tradujo en el fin de su carrera política y en la “pérdida de oportunidades laborales que no sabe si alguna vez podrá recuperar”, incide el auto.
En octubre de 2020, la concejal contactó con dirigentes de Junts per Catalunya junto a otra mujer, Eva R., con la que Pujol había mantenido con anterioridad una relación afectiva y sexual. Ambas afirmaron que habían sido víctimas de acoso sexual. Pujol negó los hechos, pero renunció a su cargo como portavoz de Junts en el Parlament y entregó su acta de diputado. El juez recuerda que fue “obligado a renunciar a su acta”. Ocho meses después, y ante la ausencia de denuncias formales, el partido de Laura Borràs rehabilitó a Pujol: le devolvió el carnet de militante y le pidió disculpas públicamente.
Las presuntas víctimas nunca acudieron a la policía o al juzgado. Pujol buscó entonces el amparo de la justicia y, a través de su abogada, Judit Gené, las denunció. Los casos han sido tramitados por dos jueces de Barcelona y han tenido el mismo destino: tanto Noemí Ll. como Eva R. están a un paso del banquillo de los acusados.
De los mensajes de WhatsApp aportados por Pujol al juzgado “se deduce que existía entre ambos una relación íntima y de carácter sexual que fue absolutamente consentida” por la edil. En su declaración como investigada, Noemí Ll. admitió que mantuvieron un único encuentro sexual y que, cuando Pujol dejó de llamarla, ella quiso “tener una relación seria” sin éxito.
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La investigación también se ha apoyado en la declaración de dos testigos a quienes la concejal independentista contó el supuesto episodio de acoso sexual. Uno, de “suma credibilidad” para el juez, es el de la entonces directora del Institut Català de les Dones, Laura M., que contó cómo cuatro meses antes de acudir a Junts la concejal fue a verla para explicarle el supuesto acoso. Al leer los mensajes, sin embargo, constató que se trataba de “una relación sexual entre adultos, un coqueteo mutuo”, declaró. Sin el apoyo esperado, Noemí Ll. fue a ver a David Saldoni, secretario de organización de Junts, que trasladó los hechos a la cúpula del partido y le pidió que contactara con la responsable de feminismos de Junts, Aurora Madaula. La negativa del juez a tomar declaración a Madaula —por considerarlo innecesario— provocó un recurso de la defensa, que ahora ha sido rechazado.
Fianza de más de 92.000 euros
En el caso de Eva R., el exdiputado probó que la relación era consentida y que fue ella, de hecho, quien lo acosó a él en redes sociales y quien lo chantajeó con la amenaza de divulgar fotografías íntimas. El pasado mes de enero, el titular del juzgado de instrucción número 29 de Barcelona, Santiago García, concluyó que la mujer “aprovechó la condición de diputado” de Pujol para someterlo a “acciones de presión, amedrentamiento y difamación”.
Los dos habían iniciado una relación por Instagram en el verano de 2018, coincidiendo con el proceso de separación del exdiputado. Cuando Pujol quiso poner fin a la relación, la mujer empezó una campaña de acoso en WhatsApp y redes sociales, para “lograr nuevos encuentros”, según el juez, que ha enviado a la mujer a juicio por injurias y amenazas.
Eva R. fue requerida por el juzgado hace dos semanas para entregar una fianza de 92.278 euros. Se trata de una medida cautelar que, según fuentes jurídicas, es poco habitual en este tipo de procesos y que pretende “garantizar las responsabilidades” económicas en caso de condena. Si no aporta la fianza, el juez embargará bienes de la mujer hasta cubrir esa cantidad.
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