El apoyo que aguardó una firma

El 10 de agosto de 2026, un fuerte terremoto de magnitud 7.4 devastó Colombia, con su epicentro ubicado en San José del Palmar, Chocó. Este desastre dejó 319 muertos reportados, más de 4,500 heridos, y 260 personas desaparecidas en distintas ciudades del occidente del país. Mientras los equipos de rescate colombianos luchaban contra el tiempo para encontrar sobrevivientes, México tenía preparadas sus fuerzas armadas, incluyendo 255 rescatistas y personal médico. Sin embargo, su despliegue dependía de una solicitud formal del gobierno colombiano y de una certificación adicional que les permitiera operar en el país.

La asistencia internacional en momentos de una emergencia como esta plantea un delicado equilibrio: por un lado, el Estado afectado debe tomar decisiones sobre la solicitud y recepción de ayuda; por otro, el tiempo puede ser un factor crítico en salvar vidas. Este fenómeno se convierte en un dilema, ya que tardar en organizar la respuesta puede restarle valiosas oportunidades a los rescatistas en el terreno.

Luigi Ferrajoli, conocido por sus reflexiones sobre derechos y garantías, describe este fenómeno como una "laguna de garantía". En su análisis, resalta que muchos de los riesgos que amenazan derechos fundamentales son globales, mientras que las instituciones responsables de brindar respuesta continúan siendo nacionales. Ferrajoli sugiere que la solución debe ir más allá de lo que las estructuras actuales ofrecen: implícitamente, la creación de instituciones globales que garanticen un auxilio efectivo en desastres debería ser un objetivo primordial.

En 2016, la Comisión de Derecho Internacional aprobó un proyecto que establece el deber de los Estados afectados de buscar asistencia externa cuando su capacidad de respuesta se ve rebazada. Un artículo en este proyecto menciona que la negativa a recibir asistencia no debe ser arbitraria. Sin embargo, han pasado casi diez años desde que se propuso y aún no se ha formalizado en una convención internacional.

La experiencia de los Topos Aztecas, un grupo mexicano de rescate que ha intervenido en múltiples desastres alrededor del mundo desde 1985, ilustra las complicaciones de acceder a zonas afectadas. Recientemente, este equipo brindó asistencia en Venezuela y luego en Cali, Perú, gracias a gestiones con autoridades locales. A diferencia de estos rescatistas, quienes esperaban autorización del gobierno colombiano, su esfuerzo se complicó por la burocracia que rodea la entrada de ayuda internacional.

Pese a esta situación, la llegada de asistencia humanitaria finalmente permitió que El Salvador, México, Perú, Chile, Israel, China e India unieran esfuerzos, aportando más de 270 toneladas de suministros. Esto subraya un punto esencial: la disposición para actuar existe, pero falta un marco claro que agilitase la llegada de ayuda sin depender de negociaciones en cada ocasión.

En México, el artículo 89 constitucional establece la cooperación internacional para el desarrollo como uno de los pilares de su política exterior. Crear un convenio regional que defina cuándo y cómo puede activarse la asistencia extranjera no solo sería compatible con los principios de autodeterminación y no intervención, sino que también fortalecería la soberanía de los Estados al establecer reglas claras antes de una emergencia.

Ferrajoli enfatiza que estas tragedias no son meramente fenómenos naturales, sino violaciones a derechos que surgen de omisiones en la gestión de desastres. Si bien el derecho reconoce la necesidad de proteger a las personas frente a un desastre, queda la pregunta de quién debe actuar cuando un Estado no puede responder. Desde el Instituto Mexicano para la Justicia, se sugiere la necesidad de avanzar en la discusión sobre un protocolo regional que aborde esta cuestión, garantizando que durante las primeras horas cruciales, la ayuda no dependa de la burocracia, sino de un marco que priorice las vidas en riesgo bajo los escombros.

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