El BBVA carga con dureza contra la Fiscalía Anticorrupción en el caso Villarejo. En un extenso escrito conocido este viernes, la entidad financiera, que está imputada como persona jurídica por las supuestas irregularidades en la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo, acusa a los fiscales Miguel Serrano y Alejandro Cabaleiro de buscar “incesantemente el Santo Grial de la prueba ocultada o destruida por BBVA o sus abogados, posiblemente ante la evidencia de que no hay indicios sólidos de hechos delictivos atribuibles a BBVA o a sus empleados o directivos”. La entidad recrimina especialmente a los representantes de Anticorrupción que en su último informe en la causa apuntasen a las actuales “más altas instancias de los ejecutivos del banco” por la supuesta falta de colaboración con la investigación. “[Los actuales directivos] no tienen relación alguna con los hechos investigados en este procedimiento”, recalcan ahora los abogados del BBVA, que tildan la afirmación de la fiscalía de “perfectamente gratuita” además de “una ligereza y falta de rigor que resultan inexplicables”.
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La respuesta del banco se produce después de que Fiscalía presentase en julio un escrito en el que, además de solicitar prorrogar al menos otros seis meses la investigación, pedía la práctica de nuevas diligencias. Entre ellas, que se tomase de nuevo declaración al expresidente del BBVA Francisco González en ese caso por un nuevo delito, el de administración desleal; y que se citase como imputado al director de Comunicación, Pablo García Tobin. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón aceptó ambas diligencias días más tarde. En aquel escrito, los fiscales mostraban su malestar con la actitud de la entidad en las pesquisas: “Afirma su voluntad de colaboración que (…) resulta, si no incierta totalmente, sí sesgada e interesada”. También le reprochaban que entre la documentación que había aportado supuestamente faltaban archivos y metadatos necesarios para “realizar la trazabilidad”, lo que impedía conocer qué personas estuvieron autorizadas para acceder a ellos o si se produjo el borrado de alguno. La Fiscalía concluía que era “simplemente inconcebible que una entidad como el BBVA apele a la pérdida de documentos que, sin ningún género de dudas, deberían de estar en su poder, tanto físicamente como informáticamente”.
En su escrito, la entidad niega tajantemente estas acusaciones y detalla toda la documentación aportada a la causa tanto antes como después de su imputación como persona jurídica, a finales de julio de 2019. El banco, que califica de “graves reproches, tan injustificados como gratuitos” la acusación de falta de colaboración de “sus actuales responsables y sus abogados”, afirma que la propia entidad inició, tras salir a la luz que el comisario Villarejo había hecho trabajos, una investigación interna que califica de “la más exhaustiva que ha realizado nunca ninguna entidad para su entrega a un procedimiento penal en España e incomparablemente más completa que cualquiera que se haya realizado en ninguna de las otras piezas” del macrosumario en el que se investigan las actividades presuntamente ilegales del policía. El banco presume de haber entregado de todo ello al juez una ingente cantidad de documentos en soporte informático, entre ellos 2,3 millones de hits localizados en la auditoria realizada tras estallar el escándalo, además de “miles de cajas de documentación” en papel, “algo que, hasta donde sabemos, ninguna otra entidad ha hecho”.
Como otro ejemplo de esa colaboración, el BBVA cita la declaración que, en tres días de noviembre y diciembre de 2019, hizo el directivo Adolfo Fraguas como representante de la entidad imputada y en la que este optó por contestar a todas las preguntas pese a que la causa estaba aún declarada secreta y le asistía el derecho a mantenerse en silencio. “Lo más sorprendente de la declaración fue la agresividad que desplegó el Ministerio Fiscal y los continuos reproches al banco y sus abogados por no haber hecho lo suficiente en la investigación interna o en la aportación de sus hallazgos, insinuando que todo era un montaje”, se lamenta el BBVA en su escrito, en el que también afirma que en determinados momentos del interrogatorio “parecía que los acusados eran los actuales responsables de la entidad y hasta sus abogados”.
“A estas alturas no pretendemos que el Ministerio Fiscal reconozca el extraordinario y costosísimo ejercicio de transparencia y colaboración con las autoridades que desde hace más de dos años viene demostrando BBVA. Nos basta con que la Fiscalía aplique el principio de imparcialidad que le imponen la Constitución y su estatuto orgánico”, señala la entidad en su escrito, en el que también critica que Anticorrupción pidiese la imputación de su director de Comunicación, Pablo García Tobín, aceptada por el juez García-Castellón. “En esta ocasión la Fiscalía ha ido aún más lejos, porque ha pedido la imputación penal de una persona [García Tobin] que no ha hecho nada, simplemente porque no le satisfacía la forma como BBVA había cumplimentado un ofrecimiento voluntario de aportar documentación. Esto supone, simple y llanamente, una criminalización del trabajo de defensa de BBVA”, añade.
El juez investiga en la pieza separada número 9 del caso Tándem, el macrosumario abierto para investigar las actividades presuntamente ilegales de Villarejo, los trabajos realizados por el comisario para el BBVA entre los años 2004 y 2017. Las pesquisas han revelado, hasta ahora, un total de 18 encargos, algunos sin mediar contrato por escrito, por los que el comisario se embolsó un total de 10,3 millones de euros. En esta pieza están imputadas 20 personas físicas, entre ellas el propio Villarejo, el expresidente Francisco González y otros directivos de la entidad, así como el BBVA como persona jurídica. Entre las víctimas de estos espionajes ilegales hay periodistas, empresarios y políticos.
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