El caso Villarejo ha pisado el acelerador. En las últimas dos semanas, el juez Manuel García-Castellón ha dado por concluidas cinco líneas de investigación de este sumario, sumándose así a otras cinco que ya había dado por finalizadas con anterioridad. A través de sus autos, el magistrado dibuja una mafia policial encabezada por el comisario jubilado José Manuel Villarejo que, durante años, ejecutó encargos de espionaje para empresas del Ibex 35, para particulares e incluso para el Ministerio del Interior en época del PP.
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Según los cálculos, el juez ha procesado ya por estos hechos a 51 personas: 46 físicas y 5 jurídicas, a las que propone sentar en el banquillo —algunas, por varias líneas de investigación—. Entre ellas, no solo se encuentran el propio Villarejo, algunos de sus familiares (su hijo José Manuel Villarejo Gil y su mujer, Gemma Alcalá) y su principal socio (el abogado Rafael Redondo), sino también más de una decena de agentes y altos cargos de la Policía; directores de Seguridad de grandes compañías; Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior; Francisco Martínez, ex secretario de Estado; y empresarios como Javier López Madrid y Juan Muñoz Tamara, marido de la presentadora Ana Rosa Quintana.
Sin embargo, la diana también ha perdido altura justo antes de agosto, mes inhábil en los tribunales. El pasado jueves, con el criterio en contra de la Fiscalía, el juez sobreseyó la investigación abierta contra María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, y su marido por su presunta implicación en la operación Kitchen de espionaje a Luis Bárcenas. Ese mismo día, archivó la causa contra Repsol y CaixaBank, así como contra el actual presidente de la petrolera, Antonio Brufau, y el expresidente del banco, Isidro Fainé, que permanecían imputados por contratar a Villarejo.
La causa afrontaba este 2021 un año clave y los primeros siete meses así lo han demostrado. En marzo, después de más de tres años en prisión preventiva, salió de la cárcel Villarejo, procesado en nueve líneas de investigación y para quien la Fiscalía pide ya más de 100 años de encierro. Además, el acelerón del caso en estas dos últimas semanas sirve de prólogo para el primer juicio del macrosumario, previsto para octubre. Estas son las 10 líneas de investigación donde el juez ya ha dictado auto de procesamiento:
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Marbella. Este mismo lunes se conoció la decisión de dar por concluidas las pesquisas sobre el presunto espionaje urdido por la trama contra un empresario de Marbella, Felipe G. Z. Según el auto, emitido el pasado viernes, el instructor propone juzgar a Villarejo, a cinco de sus colaboradores —entre ellos, a Redondo y al comisario Enrique García-Castaño, implicado también en Kitchen— y a la clienta que los contrató, Marzena Katarzina. Los investigadores mantienen que accedieron a bases de datos confidenciales con el objetivo de recabar información de la víctima para elaborar un informe que después Katarzina presentó en las causas judiciales que emprendió contra Felipe G. Z.
Kitchen. El juez dio por concluida la causa de mayor dimensión política el pasado jueves: Kitchen, la operación de espionaje desplegada en 2013 con el presunto objetivo de arrebatar al extesorero Luis Bárcenas documentos comprometedores antes de que se hiciera con ellos el juez que investigaba el caso Gürtel, que cercaba al PP. Once personas han sido procesadas: entre ellas, el exministro Fernández Díaz; su antiguo número dos, Francisco Martínez; el entonces jefe de la Policía, Eugenio Pino; otros cinco comisarios; y el chófer de Bárcenas. Pero el juez no hizo lo propio con Cospedal, su marido y su ex jefe de gabinete. La Fiscalía y varias acusaciones tienen pensado recurrir.
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Doctora Pinto. Uno de los episodios más crueles de la trama se gestó presuntamente contra la doctora Elisa Pinto, con la que Javier López Madrid se había enemistado y cruzado denuncias de acoso. Según la instrucción, que acabó la pasada semana, el empresario encargó a Villarejo una intensa campaña de hostigamiento contra ella que incluyó amenazas, seguimientos, acceso a datos privados y la “interferencia” en una investigación policial donde Pinto identificó al comisario como la persona que la apuñaló en abril de 2014.
Empresas. Grupo Planeta y Mutua Madrileña son las dos primeras grandes empresas que ven cómo el juez propone enviar a juicio a sus directivos. El instructor procesó este julio al ex secretario del consejo de administración de la primera y a su exresponsable de Seguridad por contratar a Villarejo para espiar al árbitro que dirimió un litigio que tenían. El magistrado hizo ese mismo mes lo mismo con el exdirector de Seguridad de la aseguradora, que presuntamente se hizo con los servicios del comisario para obtener datos de un expresidente de Mutua.
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Iron, Pintor y Land. La primera vista oral del caso arrancará en octubre y juzgará de forma conjunta tres líneas de investigación: la pieza Iron, sobre la contratación del comisario por parte de un bufete de abogados para espiar a un despacho rival; la pieza Pintor, sobre el supuesto encargo que el empresario Muñoz Tamara y su hermano hicieron contra un exsocio y su abogado; y la pieza Land, sobre la guerra familiar de los Cereceda, impulsores de la urbanización de lujo La Finca, en Pozuelo de Alarcón (Madrid). En total, 27 personas físicas y 5 jurídicas se sentarán en el banquillo.
Dina. La investigación sobre el presunto robo de un móvil a Dina Bousselham, asesora del exlíder de Podemos, Pablo Iglesias —cuyo contenido acabó publicado— acabó desdoblada. El juez procesó en octubre a Villarejo y a dos periodistas por los hechos, pero pidió al Tribunal Supremo imputar al político ante la sospecha de que participó en la inutilización del dispositivo electrónico. El Supremo lo rechazó y devolvió esa parte de la causa al juez, que está ahora a la espera de recibir un nuevo informe policial. Los periodistas también recurrieron su procesamiento, pero esto aún no se ha resuelto.
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Barajas. El pasado noviembre, el juez dio por finalizada la derivada del caso Villarejo centrada en el aeropuerto de Barajas. El magistrado procesó al comisario Carlos Salamanca y al abogado Francisco Menéndez Rubio por supuestamente facilitar la entrada ilegal en España de empresarios de Guinea Ecuatorial a cambio de regalos. Rubio fue quien envió una denuncia anónima a Anticorrupción que permitió abrir la investigación de esta macrocausa.
