En menos de un año como director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), José Antonio Romero Tellaeche no sólo ha provocado un movimiento estudiantil y académico en su contra por su nombramiento irregular, sino que dejó que este centro de excelencia académica pasara de ser un ente educativo paraestatal a una empresa privada con fines de lucro, con la anuencia de Raquel Buenrostro cuando era directora general del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y ahora es titular de la Secretaría de Economía.
Ese cambio de régimen fiscal agrava la situación financiera del Centro, pues ahora está obligado a pagar millones de pesos en impuestos aplicados de manera retroactiva e ilegal y en detrimento de sus trabajadores, alumnos y su actividad académica.
Además, el Consejo Directivo, en el que participa la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, emitió nuevos y polémicos lineamientos para el uso de sus recursos autogenerados que afectan a sus alumnos, profesores y administrativos. Y, por si fuera poco, en 11 meses Romero ha avalado contratos y manejos administrativos irregulares que podrían derivar hasta en demandas penales.
El cambio de régimen
El pasado 4 de abril la situación fiscal del CIDE cambió de Persona Moral con Fines No Lucrativos –una entidad paraestatal– al “Régimen General de Ley de Personas Morales”; es decir, prácticamente como si fuera una empresa privada con fines de lucro, de acuerdo con la Constancia de Situación Fiscal emitida por el SAT, cuya copia tiene Proceso.
La modificación se hizo con una errata al registrar el domicilio en la “Carratera” México Toluca, en vez de “Carretera”. Sin embargo, lo grave es que implicó el cambio de inicio de operaciones al 1 de enero de 2012; es decir, hace 10 años, con las respectivas obligaciones fiscales a cumplir de manera retroactiva.
En la cuenta pública 2021, en el apartado referente al CIDE, se explican los antecedentes del cambio de su régimen fiscal a partir de las reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) vigente desde el 1 de julio de 2021, en el sentido de que las asociaciones dedicadas a la investigación científica o tecnológica deberán obtener la autorización para recibir donativos deducibles para tributar en el régimen de personas morales no contribuyentes.
