El conflicto desatado en 2003 en la región sudanesa de Darfur ha llegado al Tribunal Penal Internacional (TPI). Hace casi 20 años, rebeldes de etnia africana se alzaron contra el Gobierno de Jartum, de mayoría árabe, al que acusaron de marginarles. El entonces presidente, Omar Al Bashir, respondió movilizando a las fuerzas armadas y a los milicianos yanyauid, que aterrorizaron a la población e impidieron la llegada de medicinas y alimentos. La crisis humanitaria desatada causó cerca de 300.000 muertos y casi dos millones de desplazados internos, según Naciones Unidas. Este martes, Alí Mohamed Alí Abd-Al-Rahman, alias Alí Kushayb, supuesto excomandante de dicha milicia, se ha declarado no culpable de 31 crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados entre 2003 y 2004. Ha dado así comienzo un proceso centrado en lo que se ha calificado de manera oficiosa como el primer genocidio del siglo XXI.
La tragedia de Darfur llenó los noticiarios mundiales hace dos décadas, con profusión de imágenes de los yanyauid, llamados diablos a caballo por la población, y de civiles sudaneses muertos o bien huyendo de sus hogares. El tiempo pasado ha diluido en parte la memoria colectiva sobre lo ocurrido, pero el actual proceso muestra que la lentitud de la justicia internacional no merma su eficacia. Supone también una señal de alerta para los responsables de las atrocidades cometidas ahora en la guerra en Ucrania: pueden ser juzgados por esta misma corte, aunque lleve tiempo lograrlo.
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Alí Kushayb, de 72 años, se entregó en junio de 2020 a las autoridades de la República Centroafricana. Luego fue trasladado a Países Bajos, sede del TPI. Los cargos en su contra incluyen persecución, asesinato, violación, tortura, saqueo y actos inhumanos y contra la dignidad. La fiscalía sostiene que fue un líder miliciano con autoridad, y señala que los hechos en los que participó causaron centenares de muertos. La acusación en su contra es también por responsabilidad directa, y se le considera sospechoso de haber llevado a cabo labores de contrainsurgencia a las órdenes del Gobierno sudanés. Él niega los cargos, se ha declarado no culpable, y dice que no es Alí Kushayb y tampoco lideró a los yanyauid.
El caso relativo a Darfur fue remitido en 2005 al TPI por el Consejo de Seguridad de la ONU para su investigación, y Karim Kahn, fiscal jefe del tribunal, ha recordado que Rusia votó entonces a favor. En su alegato, Kahn ha aprovechado todos los recursos a su alcance para subrayar lo histórico del momento. Ha dicho que las víctimas sudanesas “han estado ayunos de justicia”. Se ha apoyado en vídeos filmados en la región por medios internacionales para señalar que se eliminaba o vejaba “a los mayores, depositarios de la dignidad en sus comunidades”. Ha explicado la selección de niñas y mujeres, que eran violadas. “Es un crimen en cualquier lugar y puede acarrear graves consecuencias para el futuro de las víctimas: dejan de ser valiosas en su entorno”. Ha recordado que los menores arrastran los efectos de la violencia toda la vida, y ha mencionado “el extraño regocijo del acusado ante su reputación como un jefe implacable”.
El expresidente sudanés, Omar Al Bashir, depuesto en 2019 tras 30 años en el poder, cumple condena en su país por corrupción. Las dificultades para que el TPI pueda juzgarle se han traducido en críticas a esta corte a lo largo de los años. Por su parte, el proceso contra Alí Kushayb llega en un momento de rebrote de la violencia en Darfur. A escala nacional, Sudán está inmerso en una crisis desde que un golpe militar desbaratase en 2021 la transición hacia la democracia. Dicho proceso se había iniciado en 2019 de la mano de un gabinete de difícil cohabitación entre civiles y militares.
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