El Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad que el Tribunal Supremo investigue al diputado del PP Alberto Casero por indicios prevaricación y malversación de fondos públicos cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres). En una votación secreta, el suplicatorio ha salido adelante por unanimidad, con 340 votos a favor.
Casero, estrecho colaborador del exsecretario general del PP Teodoro García Egea, y que adquirió fama por votar presuntamente de manera errónea al usar el voto telemático y salvar así la reforma laboral rechazada por su partido, ha tenido la oportunidad de acudir y presentar alegaciones. No lo ha hecho,, y el suplicatorio se ha tramitado con rapidez. En junio admitió ante el instructor del Supremo que, durante su etapa como alcalde, firmó algunos contratos que no se ajustaron al procedimiento legal, pero defendió que, en todo caso, solo hubo “irregularidades administrativas”, nunca un delito como sostuvo una juez del municipio extremeño.
El magistrado Andrés Palomo, que instruye la causa abierta contra Casero, pidió en septiembre a la Sala de lo Penal que solicitara permiso al Congreso para actuar contra el parlamentario por supuestos delitos de prevaricación y malversación. En un escrito remitido a la sala, Palomo propuso dirigir un suplicatorio a la Cámara baja para proceder penalmente contra Casero al constatar “indicios racionales” de ambos delitos en varios contratos menores que el ahora diputado firmó como regidor entre los años 2017 y 2018. El suplicatorio a la Cámara Baja es un trámite necesario para continuar con la investigación a Casero, que al implicar un procesamiento penal contra un miembro del poder legislativo requiere la autorización del Congreso.
La exposición elevada al Supremo por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Trujillo señala que Casero, en su condición de alcalde, concertó “con diferentes personas y entidades”, contratos de servicio, patrocinio o convenios, “incumpliendo todo tipo de formalidad exigida al efecto por la normativa aplicable en cada caso”, según explica el escrito.
Casero podría haber cometido un delito continuado de prevaricación administrativa al no haber seguido “los procedimientos administrativos legalmente establecidos” en la contratación de un psicólogo, la firma de un acuerdo con la Cámara de Comercio de Perú o la celebración de al menos dos actos culturales, según la exposición. La fiscalía aprecia también indicios de un delito de malversación.
La Comisión del Estatuto del Diputado, que preside la socialista Adriana Lastra, celebró hace una semana una primera votación a puerta cerrada y ya hubo unanimidad de los grupos presentes para aprobar un dictamen favorable a la concesión.
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Tras la votación de este jueves, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, dispone de un plazo de ocho días para trasladar el resultado de la votación a la autoridad judicial, en este caso la aceptación del suplicatorio, y debe también advertir de la obligación de comunicar a la Cámara los autos y sentencias que se dicten y afecten personalmente al diputado.
Hasta ahora el Congreso había aprobado 32 suplicatorios y rechazado 14. El último que salió adelante fue el de la presidenta de Junts, Laura Borràs, en junio de 2020, que dio luz verde al Tribunal Supremo para investigarla por delitos de fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en su etapa de directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Finalmente, quedó suspendida como diputada y como presidenta del Parlamento catalán.
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