El Tribunal Constitucional polaco ha vuelto a dar una patada para adelante en un caso clave que amenaza uno de los pilares básicos del ordenamiento jurídico europeo. Tras una vista celebrada a lo largo de este jueves en la capital polaca, el alto tribunal y máximo intérprete de la Constitución ha levantado la sesión sin tomar ninguna decisión sobre si el derecho comunitario tiene o no primacía sobre el nacional. El órgano, que ya había aplazado la vista hasta en tres ocasiones, volverá a reunirse el 7 de octubre.
El asunto, con potencial para provocar un profundo zarpazo en la arquitectura jurídica de la Unión Europea, es uno de los múltiples enfrentamientos que mantiene Polonia con Bruselas. El choque de trenes deriva de una consulta elevada en marzo al Constitucional por parte del Gobierno de Mateusz Morawiecki, de la formación ultraconservadora Ley y Justicia (PiS), que defiende la tesis de que el derecho polaco tiene primacía sobre el europeo. El primer ministro polaco solicitó a la máxima autoridad judicial de su país que se pronunciara sobre la compatibilidad de varios reglamentos comunitarios con el orden constitucional polaco y la obligación de los tribunales nacionales de acatar las sentencias del Tribunal de Justicia europeo.
Una alta fuente comunitaria, en cualquier caso, confía en que acabe tomando una decisión “salomónica”, en una de esas piruetas jurídicas que pueda contentar a Bruselas y a los euroescépticos polacos al mismo tiempo.
El de Polonia no un caso aislado. Varsovia, que mantiene un pulso cada vez mayor con la UE a cuenta del Estado de Derecho, realizó la consulta después de una controvertida sentencia del Constitucional alemán, que el año pasado también cuestionó la primacía del derecho comunitario en un fallo sobre el programa de compra de deuda del BCE. Esta decisión provocó ya un primer terremoto institucional, al desmarcarse de la línea jurisprudencial fijada por el Tribunal de Justicia de la UE, abriendo además la puerta a un potencial contagio en otros países habitualmente díscolos y dispuestos a cuestionar el principio básico de la primacía del derecho comunitario, como así ha sucedido.
El asunto polaco está íntimamente conectado a su vez a los otros expedientes que tiene abiertos Bruselas contra Varsovia a cuenta del Estado de derecho. A principios de septiembre, la Comisión dio inicio a dos procedimientos con el fin de imponer multas millonarias a Polonia si no da marcha atrás a varias reformas de su sistema judicial, que Bruselas considera una grave amenaza para la independencia de los jueces.
Pasos concretos
La Comisión persigue, en primer lugar, acabar con la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo polaco, un órgano todopoderoso que, entre otras cuestiones, puede llegar a sancionar a jueces que apliquen la primacía del derecho europeo o eleven cuestiones prejudiciales ante el TJUE. Aunque el Gobierno del PiS se comprometió en agosto a reformarlo, aún no ha dado pasos concretos. Además, la Comisión pretende que Polonia modifique el actual régimen disciplinario de los jueces que –tal y como sentenció el TJUE en julio– socava su independencia y no da las garantías necesarias para protegerlos del control político.
Bruselas desconfía de las promesas de cambio que llegan desde Varsovia, pero tienen una poderosa arma de negociación y presión: los 36.000 millones de euros del fondo de recuperación de Polonia, al que Bruselas aún no ha dado luz verde. Polonia, junto a Hungría y otros tres países (Suecia, Finlandia y Estonia) tienen todavía sus planes pendientes de aprobación. Otros dos Estados miembros (Bulgaria y Países Bajos) aún no los han presentado formalmente.
En la partida polaca, el Ejecutivo comunitario sabe que lleva una buena mano. “Sin las reformas del sistema judicial no tendrán su fondo de recuperación”, dice una alta fuente del Ejecutivo comunitario, que estima que la aprobación de este plan podría llegar en el próximo mes y medio. Las conversaciones entre Bruselas y Varsovia avanzan y ambas partes trabajan en un calendario con hitos concretos para emprender las reformas. Esta fuente, sin embargo, deslinda de la aprobación de los fondos de la decisión que acabe tomando el Constitucional sobre la primacía del derecho comunitario.
