El costo del estancamiento

Imagine una papelería de barrio, un pequeño establecimiento que ha sobrevivido entre el murmullo del regreso a clases y la demanda de copias a un precio accesible. Su dueña, que lleva más de dos décadas al frente, ha cumplido con sus obligaciones fiscales, pero este año, las cosas cambiarían drásticamente. La caída en las ventas y los márgenes de ganancia han hecho que el Impuesto Sobre la Renta (ISR) se vuelva impagable. Este negocio ahora solo acepta efectivo, ha dejado de emitir facturas y, sin buscarlo, ha caído en la informalidad. Aunque este es un caso ficticio, refleja la dura realidad que enfrentan miles de pequeñas y medianas empresas (Pymes) en el país.

De acuerdo con un análisis publicado recientemente, la recaudación del ISR experimentó una disminución del 6.2% real anual en el primer semestre de 2026, marcando el segundo peor desempeño en 26 años, solo superado por el colapso de 2009, en plena crisis financiera global. Una mirada más cercana revela que el ISR empresarial se desplomó un 11.8% en el primer trimestre, lo que representa una pérdida de 61.4 mil millones de pesos en ingresos para el Estado. Los efectos son claros: las empresas ya no generan utilidades y los trabajadores formales son quienes sostienen, en gran medida, los ingresos tributarios del Gobierno. Es un paliativo insostenible: la existencia de empleos formales depende de empresas que estén en condiciones de operar formalmente.

El INEGI confirma esta tendencia. En 2025, la economía creció apenas un 0.6%, y en la primera mitad de 2026, el crecimiento apenas alcanzó el 1.2%. La inversión fija bruta ha caído durante dos años consecutivos, con un retroceso anual cercano al 3%. El IMSS reportó la pérdida de casi 20,000 empleos formales solo en julio, con apenas 243,000 nuevos empleos creados en el año, un ritmo lamentablemente bajo para un país que necesita generar cuatro veces esa cifra para satisfacer sus necesidades.

Los expertos, consultados por el Banco de México, pronostican un crecimiento de solo 1.2% para este año. Además, han elevado la probabilidad de una contracción económica en el tercer trimestre de 21.5% a 28.2%. Este complicado panorama no se originó con la actual presidenta, pero evidentemente no ha mejorado. La administración heredó un sexenio con el crecimiento más bajo en décadas y un déficit fiscal histórico, todo esto en un contexto donde la inversión pública se ha concentrado en obras de dudosa rentabilidad.

Casi seis de cada diez pesos que ingresan al Gobierno provienen del ISR. Si las utilidades de las empresas disminuyen, la recaudación se ve afectada; si esta cae, se recurre a la deuda o se realizan recortes en el gasto. Aumenta la preocupación, ya que si más empresas se deslizan hacia la informalidad, la base tributaria se destensa de manera permanente.

Este círculo vicioso vislumbra un futuro sombrío: el estancamiento económico erosiona la recaudación, limitando al Estado en su capacidad para fomentar el crecimiento. Es una lección alarmante pero necesaria: no puede haber finanzas públicas saludables sin empresas rentables, y las empresas no prosperarán sin inversiones sostenibles y un Estado de derecho que les brinde certidumbre.

La alarma sobre el ISR no es solo una cuestión de estadísticas frías; es un reflejo del estancamiento económico del país, un reto que tenemos que enfrentar todos, y no podemos permitir que la situación siga deteriorándose.

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