El expresidente de la Diputación de Alicante y exlíder provincial del PP, José Joaquín Ripoll, afronta una petición de penas de 16 años de cárcel en el juicio que ha comenzado este martes en la Audiencia Provincial de Alicante. Ripoll está acusado del supuesto amaño con dos empresarios del plan zonal de residuos de la Vega Baja, una de las piezas principales de la trama de corrupción Brugal; se le imputan los delitos de cohecho continuado, revelación de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
Junto a Ripoll comparecen también la exalcaldesa de Orihuela Mónica Lorente, el exportavoz socialista de la Diputación Antonio Amorós y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll. Todos ellos son integrantes de una presunta red de corrupción política y empresarial que incluye un total de 13 encausados, a los que se acusa de lucrarse con la adjudicación de un vertedero de basuras en el sur de la provincia.
Las cuestiones previas abren un proceso que se alargará en la sección séptima de la Audiencia Provincial hasta junio del año que viene y en el que las declaraciones de los acusados no llegarán hasta el mes de enero, avanzan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. En las vistas se dirimirá si, tal como sostiene la Fiscalía, Ripoll aprobó entre 2008 y 2009 la ubicación del vertedero, que daría servicio a 27 municipios y unos 350.000 habitantes, en la finca Las Pistolas, ubicada en la pedanía de Torremendo (Orihuela), que Ortiz había comprado a Fenoll. A cambio, el dirigente popular habría recibido, entre otras prebendas y regalos, dos viviendas en el centro de Alicante.
Anticorrupción sostiene que fue Fenoll, empresario especializado en la gestión de residuos en la comarca de la Vega Baja, el que prendió la mecha del amaño. En su escrito, el ministerio fiscal señala que Fenoll optaba a la gestión del plan zonal, y se enteró, antes incluso de la adjudicación oficial, de que el negocio iría a parar a manos de Enrique Ortiz, magnate alicantino de la construcción, envuelto en todas las tramas de Brugal. Tras comprender que no lograría la licitación, ofreció un pacto a su rival: que le comprara la finca con la que optaba al contrato por un precio que le generaba considerables beneficios. Esos terrenos serían los elegidos por Ortiz para construir el centro de recogida y tratamiento de basuras, con lo que ambos empresarios salían ganando. Los pinchazos telefónicos en la investigación del caso revelaron que Ripoll dio el visto bueno al apaño, asegura la Fiscalía, a cambio de contraprestaciones como dos pisos, vacaciones en yate, viajes o el alivio de las cuentas de una televisión local.
La investigación del caso conllevó la detención de Ripoll y la intervención de la Diputación de Alicante en 2014. Su sucesora en el cargo, Luisa Pastor, paralizó la adjudicación del plan zonal, que sigue sin encontrar una ubicación de consenso en la Vega Baja, comarca que comprende municipios tan poblados como Torrevieja, Orihuela, Pilar de la Horadada o Guardamar del Segura.
Peticiones de la Fiscalía
La Fiscalía pide para el exlíder popular de Alicante 16 años de cárcel y 44 de inhabilitación por los delitos de cohecho continuado, revelación de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
Para Ortiz y Fenoll, la acusación solicita penas de 17 años de prisión, mientras que Lorente y Asensio se enfrentan a cuatro años de reclusión. Las defensas de los encausados, por su parte, han confirmado este martes que instarán al tribunal a anular las escuchas telefónicas en las que se basan tanto la investigación como la argumentación de la Fiscalía, algo que ya ocurrió en otra de las piezas nacidas bajo el paraguas de Brugal, la de la contrata de basuras de Orihuela, en la que todos los acusados fueron absueltos.
Junto a estas dos subtramas, la terna de procesos de mayor importancia de Brugal se completa con el de la presunta adjudicación irregular del plan urbanístico de Alicante, que se saldó el pasado mes de julio con la exoneración de todos los acusados, incluidos dos exalcaldes de Alicante, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, por falta de pruebas. En el banquillo también se sentaba Ortiz, que fue multado con 18.000 euros por cohecho, en un juicio en el que no se anuló ninguno de los pinchazos telefónicos.
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