El general José Rodríguez Pérez fue detenido involucrado en el caso de los 43 normalista de Ayotzinapa. informó el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja.
Lo anterior fue informado en la conferencia matutina de Palacio Nacional, donde Mejía Berdeja apuntó que ya fueron liberadas cuatro órdenes de aprehensión contra elementos del Ejército mexicano, tres de las cuales ya fueron cumplimentadas en días pasados.
Informar también con relación al Caso Ayotzinapa y al informe que presentó en días pasado la Comisión Presidencial para la Atención del Caso, que al momento se han liberado cuatro órdenes de aprehensión contra elementos del Ejército mexicano”, dijo.
Se han ejecutado ya tres de ellas, entre ellos el comandante de 27 Batallón de Infantería cuando se suscitaron los hechos en Iguala en septiembre de 2014″, puntualizó.
El general Rodríguez Pérez se desempeñó como comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala en el año 2014.
El pasado 26 de agosto, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa que seis de los normalistas fueron entregados al comandante del Batallón de Iguala, José Rodríguez Pérez, quien ordenó su asesinato.
“Los seis estudiantes habrían estado vivos hasta cuatro días después de los hechos y habrían sido asesinados y desaparecidos por orden del coronel, supuestamente el entonces coronel José Rodríguez Pérez”, aseveró.
Esta fue la primera ocasión en que el Gobierno de México indica la participación activa de militares en el Caso Ayotzinapa.
Dichas acciones ocurren a tan solo unos días que se cumplan ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014.
El informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, dado a conocer a finales de agosto pasado, concluyó que la desaparición de los 43 estudiantes fue un “crimen de Estado” del sexenio anterior.
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