El exgerente del PSPV, Francisco Martínez, ha afirmado que una constructora, Gigante de Edificaciones y Obras pagó gastos electorales de la campaña de los socialistas valencianos en 2007. Martínez ha señalado al responsable de Finanzas del partido, Pepe Cataluña, como autor del desvío de facturas que tendría que haber abonado el PSPV y que acabó pagando Gigante. “Cataluña sabía que esos trabajos no los iba a pagar el partido sino cualquier otra empresa”, dijo ante la jueza.
Según el testimonio de Martínez, primero ante la Guardia Civil y después ante la jueza, él mismo recibió instrucciones de Cataluña para que los proveedores de los gastos electorales “emitiesen facturas a nombre de Gigante”, que forma parte del grupo empresarial de Jaime Febrer.
Las declaraciones de Francisco Martínez forman parte del llamado caso Azud, que investiga la presunta comisión de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en la contratación y falsedad documental y que implica tanto a dirigentes del PP como del PSOE. El caso está, de momento, repartido en siete piezas. La última deriva de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que dibuja una trama de financiación irregular de los socialistas valencianos en las campañas de 2007 y 2008. Sin embargo, la juez no persigue ese delito, el delito electoral, puesto que en aquellos años no estaba tipificado en el Código Penal.
Aun siendo imposible el recorrido judicial de las maniobras de los socialistas valencianos, los agentes apuntan cómo el urdidor de la trama del caso Azud, el empresario Jaime Febrer, desvió dinero de una de sus empresas para que esta pagara a varios proveedores de los socialistas que hicieron globos, camisetas, gorras, mochilas y otros artículos de merchandising para la campaña de 2007. La UCO expone además cómo otra empresa, Facsa, corrió con algunos de los gastos de la campaña de las generales de 2008.
El gerente de los socialistas valencianos, que trabajó para el PSPV hasta 2011, declaró el pasado octubre y adujo que él no tenía capacidad para contratar y que “cree” que fue el propio Cataluña quien realizó los encargos a los proveedores. Además, sostuvo que se enteró del desvío de las facturas cuando una de las empresas que realizaba el merchandising reclamó el pago. Según su versión, “hubo gastos que no fueron abonados por el partido, sino por una empresa que se llamaba Gigante”.
La jueza tomó declaración a los responsables de las empresas que realizaron los trabajos para los socialistas valencianos y que finalmente cobraron de la constructora. “Los trabajos que se facturaron fueron trabajos reales que se hicieron para el partido socialista”, aseguró uno de ellos quien además sostuvo que se procedió así por indicación del PSPV “para que lo cobráramos con menos demora”.
El informe de la UCO señala que la empresa Gigante, del propio Febrer, recibió dinero de otra de las empresas del grupo para abonar las facturas emitidas por firmas de publicidad y merchandising que trabajaron para los socialistas valencianos. Según los agentes, estos pagos serían “mordidas” a cambio de adjudicaciones y se centran en una, el desarrollo de una operación urbanística en el municipio alicantino de Jijona que nunca se desarrolló. En cualquier caso, los agentes sostienen que por ese proyecto pagó Febrer cerca de 484.000 euros a las empresas proveedoras del PSOE entre mayo y agosto de 2007. Además, creen que el PSPV también resultó beneficiado por la adjudicación del tramo E del trasvase Júcar-Vinalopó y que la empresa Construcciones Luján pagó otros 120.060 euros de gastos electorales. La UCO vincula estas adjudicaciones con la financiación del partido a través del pago de gastos electorales y así sostiene la acusación de cohecho de la que se acusa a sus dirigentes.
En sus pesquisas señalan además a otro grupo empresarial, el grupo Gimeno que, según indican, a través de una de sus empresas, Facsa, se habría hecho cargo del pago de 70.000 euros de otros gastos electorales producidos en la campaña de 2008. El presidente del grupo, Enrique Gimeno, es autor confeso de la financiación irregular del PP.
Esta pieza del caso Azud deriva de la causa principal, que investiga las mordidas cobradas por el exvicealcalde del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, que, según la UCO, percibió dos millones de euros en comisiones. También investiga al cuñado de la alcaldesa Rita Barberá, el abogado José María Corbín, de quien los agentes señalaron que “el 80% de los ingresos” de su despacho procedían de “comisiones ilícitas desembolsadas como consecuencia de diversas adjudicaciones o decisiones del Ayuntamiento de Valencia o de alguno de sus entes públicos, principalmente en materia urbanística”. Según la Guardia Civil, Corbín recibiró del empresario Jaime Febrer unos 600.000 euros.
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