Figuraba en los Presupuestos Generales de este año pero el Gobierno catalán temía que, superado el ecuador del ejercicio, no se cumpliera el compromiso. La comisión bilateral sirvió el pasado lunes para desbloquear una transferencia de 200 millones de euros a la Generalitat y ponerle fecha: 100 millones en septiembre y otros dos traspasos de 50 millones en los meses siguientes.
El Gobierno desencallaba así la ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo de hace cuatro años que, ante la oposición en los tribunales del entonces Gobierno popular, daba la razón al Govern y reconocía una deuda de 759 millones reconocida por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero por el incumplimiento en 2018 de la disposición adicional tercera del Estatut.
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Durante la preparación de la bilateral, según fuentes del Govern, se habló —sin compromisos cerrados— de la posibilidad de que el resto, o una parte sustancial, de la deuda vaya en las cuentas públicas de 2022.
Con la inclusión de esos 200 millones de euros el Gobierno no solo asume una sentencia judicial y mantiene el clima de deshielo con la Generalitat. También intenta dar señales del interés en mejorar las inversiones en infraestructuras en Cataluña, una de las reivindicaciones en las que la Administración autonómica ha encontrado mayor abrigo de la sociedad civil catalana. A esos 200 millones deben añadirse los cerca de 2.000 millones de euros para obra pública catalana en 2021, el 16,5% del total de la inversión territorializada.
Ese porcentaje no alcanza el 19% de la aportación catalana a la economía española, pero es uno de los porcentajes más altos de los últimos años. Según cálculos de la Generalitat, entre 2013 y 2020 apenas alcanzó de promedio un 10% (pese a que el año pasado se invirtieron 957 millones, la cifra más alta del periodo), sobre todo por el gran diferencial entre los Presupuestos y la liquidación.
Gran actividad constructora
España vivía aquellos años anteriores al gran mazazo de la Gran Recesión con gran fulgor inversor. Y Cataluña, que recibía los últimos coletazos de recursos para acabar la línea de alta velocidad hasta Barcelona (2008) y la última ampliación del aeropuerto de El Prat, inaugurada en 2009.
En 2007, el primer ejercicio del periodo pactado todo fue según lo previsto. El Estado invirtió 3.710 millones de euros en Cataluña, el equivalente al 18,85% de su peso económico. Pero no ocurrió lo mismo en 2008, ni en 2009, ni en años posteriores. Los cálculos realizados por la Generalitat elevaron a 3.080 millones el volumen total de inversiones que en esos seis años de vigencia temporal de la medida se dejaron de invertir en Cataluña respecto a lo pactado. Es la cuantía que el lunes aún esgrimía el vicepresidente catalán, Jordi Puigneró.
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Pero esa cifra obedece más a una reivindicación política que a una obligación del Estado. En 2010 el Tribunal Constitucional ya había culminado su sentencia sobre el Estatut y una de las cuestiones que cercenaba era el compromiso a realizar un porcentaje determinado de inversiones en una comunidad autónoma que condicionase el conjunto de los Presupuestos Generales.
En 2008 el Gobierno invirtió en Cataluña 3.411 de los 4.079 millones de euros que fijaban los cálculos. Pese al fallo, en una comisión bilateral Estado-Generalitat de julio de 2011 el Gobierno socialista asumió como buenos los 759 millones de incumplimiento demandados por la Generalitat. No se llegó a pagar nunca y el Gobierno catalán lo llevó a los tribunales. La Audiencia Nacional dio en primera instancia la razón al entonces Gobierno del PP, que se negaba a asumir la deuda. Se basaba en la sentencia previa del Constitucional, pero también en una de las alegaciones utilizadas por el Ejecutivo: aún haberse acordado la cuantía en la Comisión Bilateral, no se había acordado en la Comisión mixta de Infraestructuras, que consideraba que era la comisión creada a tal efecto.
