La Junta de Andalucía ha dado un paso más para la apertura de un hotel de 30 habitaciones y 70 plazas de aparcamiento en pleno Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha otorgado la Autorización Ambiental Unificada (AAU) al proyecto, que pretende rehabilitar el antiguo cortijo Las Chiqueras para su uso turístico. El espacio, donde existen varias edificaciones de lo que antiguamente fue una fábrica de cuerdas de esparto y una explotación agrícola, se ubica a unos 900 metros de la playa de Los Genoveses, zona de alto valor ambiental y una de las mejor conservadas de Andalucía. En la resolución, el Gobierno regional ha puesto dos condiciones principales al promotor: que obtenga la autorización para la reutilización de aguas depuradas y que el proyecto sea declarado de interés público, trámites que las administraciones no obstaculizarán. La actuación cuenta con el rechazo de numerosas asociaciones ecologistas y casi 250.000 personas han firmado en su contra en la plataforma Change.org.
El trámite administrativo, fechado el pasado 12 de enero, allana el camino a un proyecto que nació en verano de 2016. La consejera de Medio Ambiente, la almeriense Carmen Crespo, ha defendido en diversas ocasiones la iniciativa, insistiendo en que se trata de “una rehabilitación” y que la actuación es legal. Sin embargo, su postura está muy alejada de la de organizaciones como Ecologistas en Acción o Greenpeace, que consideran que este hotel supone abrir el turismo masivo a un espacio protegido tan frágil como este.
La administración andaluza subraya que tras este paso, ahora queda en manos del municipio dar la luz verde definitiva al proyecto. Primero, porque tiene 10 días —hasta el día 22— para presentar alegaciones a esta autorización ambiental. Y, segundo, porque está en sus manos no declarar de interés público el hotel, condición indispensable para la iniciativa. “La consejería lo que dice es que el proyecto cumple la normativa, ahora la última palabra la tiene Níjar”, han asegurado fuentes de la Junta.
La cuestión ha generado más de una bronca en el Parlamento de Andalucía por la oposición de la izquierda. Y aunque el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, y el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, presume de “revolución verde” para Andalucía, lo cierto es que esta nueva polémica en Cabo de Gata se suma a otras controversias ambientales en esta comunidad, como la propuesta para transformar en fincas de regadío casi 1.500 hectáreas en el entorno de Doñana que hasta ahora eran ilegales, la agilización de los trámites para la construcción de establecimientos hoteleros que requieren cambios de calificación en suelos de Marbella o la recuperación de un gigantesco proyecto para una urbanización y campo de golf en Barbate.
La Junta de Andalucía define la Autorización Ambiental Unificada como “Procedimiento por el cual se determina, a los efectos de protección del medio ambiente, la viabilidad de la ejecución de determinadas actuaciones y las condiciones en las que debe realizarse”. Es el último permiso necesario de la administración regional para dar luz verde al proyecto de rehabilitación del cortijo Las Chiqueras, rechazado por las organizaciones ecologistas desde que la propuesta llegó a las administraciones hace más de cinco años. Fuentes de la administración andaluza aseguran que es el “punto final” del apartado ambiental de la iniciativa y que queda el urbanístico. Según insistien, el Ayuntamiento de Níjar deberá ahora otorgar licencia de obras y declarar, o no, el interés público del proyecto, según recoge la nueva ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. La alcaldesa del municipio, Esperanza Pérez, ha manifestado repetidamente que tiene las manos atadas porque la aprobación o no del hotel “depende exclusivamente de la Junta de Andalucía”, subrayando que la finca se ubica en “suelo no urbanizable especialmente protegido”. En la Junta creen que sí tiene capacidad de decisión, pero entienden que la alcaldesa echa balones fuera para culpar al Gobierno autonómico.
Largo proceso de trámites
Durante los primeros trámites, en 2016, el Ayuntamiento de Níjar no puso pegas al hotel alegando que no es su competencia. En noviembre de 2019, la Junta de Andalucía —ya con el PP en el Gobierno— sí lo hizo. Se opuso a la construcción de 13 nuevas habitaciones y a la ampliación de la zona de estacionamiento de vehículos, aunque daba su aprobación al resto del proyecto. Días después, la empresa hizo los cambios oportunos, eliminando el nuevo aparcamiento y las habitaciones, que fueron recolocadas en edificaciones ya existentes. El promotor se vio obligado a presentar un nuevo dictamen ambiental, que recibió las alegaciones de Ecologistas en Acción, Greenpeace, la Asociación Conservacionista y Cultural Amigos del Parque Natural Cabo de Gata–Níjar, Equo, el grupo ecologista Mediterráneo y la Sociedad Española de Ornitología (SEO-Birdlife). No sirvieron de nada. En verano de 2020 la Junta de Andalucía declaró el proyecto “viable”, generando revuelo en Níjar.
Ahora, en su resolución positiva, la Consejería de Medio Ambiente da un plazo de cinco años para el inicio de las obras e impone a la actuación una serie de condiciones técnicas ligadas a la integración paisajística de los accesos, la gestión de los residuos o la propia infraestructura. Exige que las nuevas construcciones o la rehabilitación de las existentes mantenga “los rasgos estéticos exteriores esenciales en sintonía con la tipología constructiva tradicional de la zona”, con edificaciones de una sola planta, contrafuertes estéticos o carpintería exterior de madera. También requiere respeto a la vegetación existente o la prohibición de abrir nuevos caminos o pistas en el entorno, así como minimizar las emisiones a la atmósfera y cumplir las especificaciones legales de contaminación acústica y lumínica. Igualmente, establece una serie de requisitos para la gestión de los residuos y asegurar que el abastecimiento de aguas y el saneamiento de la infraestructura no verterá, en caso de avería, aguas residuales al terreno.
El proyecto se pretende realizar sobre casi 27.000 metros cuadrados en suelos clasificados como Zona de Regulación Común al norte de la playa de Los Genoveses, dentro del parque natural. El cortijo fue levantado a principios del siglo XX y una de sus naves fue rehabilitada hace una década para la puesta en marcha de un ecomuseo que deberá mantener su actividad. El resto del complejo está formado por construcciones dispersas, que serán rehabilitadas para adaptarlas al uso hotelero, que tendrá 30 habitaciones, restaurante y piscinas. La obra incluye la remodelación de la zona de aparcamiento actual para dar cabida a 70 vehículos, habiéndose dado permiso para acondicionar el firme, pero sin posibilidad de pavimentar o iluminar. El proyecto también prevé 950 metros cuadrados de paneles fotovoltaicos para el abastecimiento eléctrico y un sistema de depuración y reutilización del agua.
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