El Gobierno de Boris Johnson ha decidido que el único modo de avanzar hacia la reconciliación en Irlanda del Norte. Es meter en un cajón los delitos de sangre que quedan sin resolver. El ministro para ese territorio, Brandon Lewis, ha confirmado este miércoles la intención de Downing Street de impulsar una ley que prohíba la persecución penal de todos los casos sin resolver que tuvieron lugar antes de 1998, durante los llamados Troubles (Disturbios). La violencia sectaria, tanto republicana como unionista, provocó a lo largo de esa época más de 3.500 muertes.
“Es, sencillamente, el reconocimiento doloroso de la realidad en la que nos hallamos”, ha admitido Lewis en sede parlamentaria. La verdadera presión, sin embargo, le llegaba al Gobierno de Johnson de sus filas conservadoras, que protestaban cada intento de procesar penalmente a los militares británicos que infringieron la ley durante su participación en el conflicto. Por eso tanto los familiares de víctimas de ambos bandos como todos los partidos políticos de Irlanda del Norte han mostrado su rechazo a lo que consideran una amnistía en toda regla.
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El proyecto de ley, que el Gobierno británico tiene intención de someter a trámite parlamentario el próximo otoño, consta de tres partes. En primer lugar, se constituiría una comisión independiente para ayudar a las familias a conocer la verdad de lo sucedido. Sería un organismo con plena capacidad de acceso a documentos oficiales o para convocar de oficio a testigos. El propio borrador establece la comparación con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que se estableció en Sudáfrica, para investigar los años del apartheid. En segundo lugar, se pondría en marcha una iniciativa para recabar la historia oral de los años de conflicto. Un esfuerzo por construir una memoria compartida de la violencia sectaria y sus consecuencias. En tercer lugar, como punto central de la medida, se anularían las investigaciones penales en curso o pendientes.
Según datos del propio Gobierno británico, entre 2015 y 2021 solo se ha investigado penalmente a nueve personas por delitos relacionados con el conflicto. Y solo una ha sido finalmente condenada. A partir del Acuerdo de Viernes Santo de 1998, que trajo la paz a Irlanda del Norte, se aceleró la salida de prisión de muchos condenados, pero con el acuerdo expreso de que no se produciría una amnistía de los delitos pendientes. “Hoy el Gobierno ha llegado a la conclusión de que el Estado de derecho ya no está vigente, y concede una amnistía a todos los terroristas republicanos y unionistas que torturaron, hicieron desaparecer o asesinaron a hombres, mujeres y niños”, ha denunciado la portavoz de la oposición laborista para Asuntos de Irlanda del Norte, Louise Haigh.
Víctimas indefensas
El ministro de Exteriores de Irlanda, Simon Coveney, ha expresado también su rechazo a la propuesta, y ha sugerido que no es una decisión definitiva. Confía Coveney en poder convencer a Londres de replantearse una decisión que deja indefensas a las víctimas del conflicto.
Las principales fuerzas políticas norirlandesas se han unido en su rechazo a la propuesta de Londres y las diferentes asociaciones de víctimas han expresado su frustración ante la consumación de un proyecto que el Gobierno de Johnson llevaba un año anticipando que tenía la intención de presentar. “Una vez más, se pretende violentar el legado de las familias. Vemos esta decisión como un cínico intento del Gobierno británico de enterrar los crímenes de guerra del pasado”, ha dicho John Teggart, portavoz de los familiares de las diez víctimas asesinadas en Ballymurphy en 1971 por soldados del Regimiento de Paracaidistas británico, que tuvo una intensa participación durante los años del conflicto.
