La pandemia se ha convertido en el camuflaje y la excusa de muchos de los problemas políticos que afronta Boris Johnson. Lo demuestra la última decisión unilateral adoptada por Downing Street, anunciada este mismo martes, por la que se retrasarán hasta medio año los controles aduaneros y sanitarios de los alimentos procedentes del continente, según se acordó en la negociación del Brexit. “Queremos que las empresas se centren en la recuperación antes que hacer frente a todas las nuevas exigencias en la frontera. Por eso hemos desarrollado un nuevo calendario más pragmático para la introducción de controles aduaneros”, ha justificado David Frost, el secretario de Estado para Asuntos de la UE.
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Según el cambio de criterio anunciado, las declaraciones completas de aduanas seguirán siendo obligatorias a partir del 1 de enero de 2022, pero los controles en materia de seguridad de diversos productos alimentarios procedentes de la UE se retrasarán en su puesta en marcha. Certificados sanitarios de exportación, o controles in situ de productos sanitarios o fitosanitarios, previstos para el próximo 1 de octubre o para el 1 de enero, se retrasan hasta julio del año que viene. El Gobierno de Johnson se afana desesperadamente por reducir los problemas de desabastecimiento en supermercados y restaurantes, que comienzan a convertirse en un quebradero de cabeza político.
“Estamos viendo un incremento de la presión en la cadena de suministro global, provocado por un abanico de factores que incluye a la pandemia y al aumento de costes del transporte internacional”, ha explicado la ministra sin cartera, Penny Mordaunt, cuyo puesto simbólico de Paymaster General (Encargado del Pago de Sueldos y Pensiones Públicos) se ha convertido en una oficina de respaldo para la transición económica interna derivada del Brexit. “Todas estas presiones afectan especialmente al sector agroalimentario. Por ello, el Gobierno ha decidido retrasar algunos de los nuevos controles, especialmente los referentes a bienes sanitarios y fitosanitarios”, ha precisado Mordaunt.
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Paradójicamente, es la industria británica que los campeones del Brexit prometieron defender a capa y espada frente a la “burocracia y rigidez” de Bruselas la que más se ha irritado con el retraso anunciado de los controles. La nueva Ley de Inmigración del Gobierno de Johnson restringe enormemente la posibilidad de contratación de trabajadores comunitarios con los que se contaba cada temporada: recolectores, transportistas o camareros. Hay carne, pescado o verduras de sobra para abastecer a gran parte del país, pero escasos medios para distribuir todo a tiempo.
“La naturaleza asimétrica de los controles aduaneros impuestos a importaciones y exportaciones va a distorsionar el mercado, coloca a muchos productores del Reino Unido en una situación de desventaja respecto a sus competidores de la UE”, ha denunciado Ian Wright, director ejecutivo de la Federación de Alimentos y Bebidas del Reino Unido. Wright se enfrentó hace escasos días al Gobierno de Johnson al advertir de que “el tiempo en que el consumidor británico estaba acostumbrado a encontrar cualquier producto en las estanterías de los supermercados había llegado a su fin”. La combinación de la pandemia y el Brexit, denunció Wright, podían convertir en “permanente” la falta de abastecimiento que se lleva viviendo semanas en el país.
