El factor de sostenibilidad que había impuesto el Gobierno de Mariano Rajoy en 2011. Que ajustaba las jubilaciones a la esperanza de vida. Será derogado este mismo año por el Ejecutivo en su ley para la reforma de las pensiones que está negociando con sindicatos y patronal. Así figura en el borrador del anteproyecto de la nueva ley de pensiones que Seguridad Social envió a los agentes sociales esta semana, y al que ha tenido acceso CincoDías.
En su sustitución, el Gobierno “establecerá, en el plazo de 12 meses, y previa negociación en el marco del diálogo social, un mecanismo de equidad intergeneracional que operará a partir de 2027”. “Este nuevo mecanismo deberá estar definido en el momento de entrada en vigor de esta ley”, indica el texto.
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El acuerdo, que podría oficializarse esta misma semana según prevén fuentes sindicales y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, contemplará a su vez una batería de medidas, entre las que destacan la revalorización de las pensiones según el IPC; una bonificación extra de dos puntos, hasta el 4%, en el pago de la pensión por cada año que se retrase la jubilación, y una penalización por cada mes que se anticipe la jubilación que irá desde el 2,81% hasta el 21%.
Este paquete de medidas, que entraría en vigor el próximo 1 de enero. Es solo el primero de los dos con los que el Gobierno prevé reformar las pensiones.
El Ejecutivo pospone así para el año que viene temas espinosos como el cambio del periodo de cómputo de los años trabajados para adaptar el sistema a la nueva realidad del mercado laboral o el incremento de las bases de cotización y de las pensiones máximas.
El plan establece que las pensiones se revalorizarán al comienzo de cada año con el índice de precios al consumo (IPC) de los 12 meses previos a diciembre del año anterior. En caso de que el IPC resultase negativo, las jubilaciones no se reducirían, sino que se mantendrían igual.
