Salvo la Agencia Tributaria, que dispone de sistemas como la confirmación del borrador de la declaración de la renta desde la aplicación del móvil, casi todos los servicios de la Administración requieren, como mínimo, el registro en el sistema Cl@ve para acceder a determinadas prestaciones. Este proceso tiene distintos niveles de seguridad y al Bono Cultural Joven, los 400 euros para quienes cumplen 18 años a lo largo de 2022 para el pago de actividades y productos culturales, se le había asignado el nivel máximo de seguridad, lo que dificultaba el acceso a quienes vivieran en áreas alejadas de los departamentos que verifican presencialmente la identidad de los usuarios. El BOE ha publicado este viernes una modificación para facilitar el acceso y por la vía de urgencia, sin esperar los dos meses previstos para que sea efectiva.
El sistema Cl@ve inicialmente atribuido al bono cultural, y establecido en 2017 para servicios de alto nivel de seguridad, exigía la identificación fehaciente del interesado. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en la resolución publicada este viernes, reconoce que “esta condición ha supuesto una limitación en el uso de este sistema de firma electrónica no criptográfica” y ha excluido al colectivo de usuarios registrados en Cl@ve con nivel básico.
Por este motivo, y para agilizar la tramitación, se ha permitido “simplificar” el procedimiento, “permitiendo otros sistemas de identificación de los interesados y de firma válidos” con el fin de “garantizar la más alta participación de los jóvenes en el programa”. Recientemente se ha incluido un nuevo proceso de solicitud presencial en las oficinas de Correos, sin necesidad de que los jóvenes tengan medio de identificación digital.
El Ministerio de Cultura cree que lo conseguido para el Bono Cultural Joven puede servir de puerta para que el resto de las administraciones revisen la accesibilidad de sus servicios, siempre que la “rebaja” de las condiciones cumpla con los requisitos del Esquema Nacional de Seguridad, la regulación que establece las exigencias de cada uno de los servicios en función de los datos que se manejen, el ámbito de gestión y la capacidad de prevención y defensa de ataques o usos fraudulentos.
De esta forma, la modificación establecida para el bono de Cultura no es automáticamente extensible, pero sí abre la puerta a replantear los niveles de identificación exigidos para determinados trámites en otros ámbitos del Estado, incluidas las administraciones autonómicas o locales.
En la actualidad, el sistema Cl@ve, con diferentes niveles de seguridad, permite presentar la declaración de la renta, consultar datos fiscales, acceder a la información sanitaria, consultar los puntos del carné de conducir, descargar la vida laboral u obtener el certificado digital de vacunación contra la covid, entre otros servicios.
“Todo lo que avancemos en facilitar la identificación digital, que es el mayor escollo, es positivo. Y no hay que exigir identificación personal en todos los trámites”, advierte Borja Adsuara, abogado, profesor universitario y experto en derecho digital.
“No estoy en contra de que, para determinados trámites, se distinga cuándo se requiere un nivel alto de seguridad y cuándo no. En lo privado sucede así. No todos los trámites de administración electrónica deben tener el nivel más alto de seguridad y hay que reservarlos”, añade.
El abogado lamenta que muchos trámites se conviertan en una “carrera de obstáculos insalvables” cuando existen otros métodos. En este sentido, lamenta que un elemento que habría sido fundamental, como el DNI electrónico, tenga un uso mínimo. “Necesitamos tres másteres para utilizarlo y, al final, la gente se identifica con gmail o con redes sociales y le regala los datos a empresas multinacionales norteamericanas cuando podíamos haberlo hecho con nuestro DNI”.
Con el sistema Cl@ve, según comenta, se “ha mejorado algo”, pero resalta la facilidad que ofrece Hacienda para indicar el camino correcto, siempre y cuando se evite a la “gente muy lista que haga trampas”.
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