Cuando en otoño del año pasado se aprobaron los presupuestos de 2021, el Ejecutivo señaló que en estos se adelantaban unos 24.000 millones del mecanismo europeo de recuperación para empezar a gastarlos desde el primer día y así intentar reforzar la recuperación en ciernes. Sin embargo, la ejecución de estos recursos no está siendo tan fluida y la llegada a la economía real acumula retrasos. Este año el Estado solo ha desembolsado hasta mayo 18.000 euros de estos fondos, según figura en los últimos datos de ejecución presupuestaria del mecanismo de recuperación y resiliencia, de los que a España le corresponden en tres años unos 70.000 millones en ayudas directas.
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Transcurrida ya la primera mitad del año, el Estado únicamente ha lanzado unas pocas convocatorias: unos 90 millones de los servicios públicos de empleo en formación de competencias digitales y para el turismo, varias de I+D por un importe total de más de 110 millones y 50 millones para Inteligencia Artificial. Y hay algunas actuaciones en marcha, por ejemplo de Adif por valor de unos 300 millones.
En las últimas semanas se ha pisado el acelerador y se han aprobado unos 7.000 millones en transferencias a comunidades y ayuntamientos, una parte importante de estas partidas todavía tienen que refrendarse en las conferencias sectoriales con las comunidades, volver al Consejo de Ministros para su aprobación, ser tramitadas por los gobiernos autonómicos y, finalmente, concederse. Incluso si se ha aprobado ya el plan estratégico del coche eléctrico, sus recursos no empezarán a repartirse al menos hasta febrero del año que viene. Es decir, el Ejecutivo tendrá que apresurarse para gastar lo que tenía previsto este año.
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En realidad, para el Gobierno esto no supone tanto problema en la medida en que estos créditos se han configurado como plurianuales y se podrán gastar a lo largo de varios años. Sin embargo, tenía sentido tratar de anticipar el dinero para que llegase cuanto antes al tejido productivo porque se sabía que el BCE lo financiaba, que Europa tardaría y que costaría mucho montar los proyectos.
Además, esta demora subraya el reto que supondrá ejecutar a tiempo para cumplir con el exigente calendario de hitos comprometidos con Bruselas. “El problema de España no es su capacidad para ejecutar los fondos europeos, sino el retraso que suele tener. Concentra siempre muchos desembolsos al final del periodo”, explica una fuente comunitaria.
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