Una nueva norma castigará por primera vez el uso de dólares, otras divisas y criptomonedas en Venezuela. El Parlamento, aliado de Nicolás Maduro, aprobó la semana pasada una modificación sobre el Impuesto a Grandes Transacciones Financieras que, con las distorsiones de la economía venezolana, golpeará duramente a los que se han refugiado en los dólares para salvarse de la hiperinflación que ha vivido Columna Digital durante los últimos cuatro años. De acuerdo con el texto aprobado por los diputados, todavía en espera su publicación en la Gaceta Oficial, pagar con moneda extranjera tendrá un sobrecargo de entre el 3% y el 20%.
“Esta ley permitirá que el Estado reciba los dólares que se embolsillan los ricos y los grandes comerciantes”, dijo Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento venezolano, durante el debate de la normativa. Los economistas y especialistas tributarios, por el contrario, señalan que el impuesto es regresivo y tendrá un impacto inflacionario, a la par de que fomentará la evasión y una mayor informalidad en los pagos.
La medida, que podría entrar en vigencia el próximo 1 de marzo, ya ha generado un gran rechazo y mucha incertidumbre en medio de la complicada crisis económica venezolana, en la que el sistema de pagos se ha trastocado con los pagos en distintas monedas y las trabas por la falta de billetes para dar cambio. Pero Maduro ha salido a defenderla. Este lunes señaló que había una campaña en contra de la ley que solo buscaba “cobrarle más a los que más tienen, a los millonarios y a los multimillonarios” en un país con más del 90% de los ciudadanos en la pobreza. “Ese dinero que le vamos a cobrar tendrá un efecto muy bueno para la inversión social de este año y en el fortalecimiento del bolívar”, aseguró el mandatario.
A pesar de que referirse a “grandes transacciones financieras” pudiera dar idea de que se cobrará a empresas o particulares que mueven grandes cantidades de dinero, en Venezuela los llamados contribuyentes especiales son casi todos. El rango de ingresos para entrar en esta categoría es percibir más de 30.000 unidades tributarias anuales, que en la economía venezolana equivalen a poco más de 120 dólares. Además, analistas han advertido de que la normativa penaliza el medio de pago en moneda extranjera, no el monto de la transacción, por ello afectará hasta al que va al supermercado a comprar huevos. Desde 2016 ya existía un tributo para las grandes transacciones en bolívares, que con la inflación quedó desfasado. Este nuevo tributo del 3% se sumará al Impuesto al Valor Agregado, que está fijado en 16% para gran parte de los bienes.
La patronal empresarial Fedecámaras ha alertado sobre las consecuencias que tendrá la aplicación de esta alícuota y pidió al Parlamento incorporar al sector privado a una revisión de las disposiciones antes de su publicación oficial. “La voracidad fiscal hará que los agentes económicos salgan de actividad por las altas tasas”, señaló Carlos Fernández, presidente de la organización.
El Gobierno de Maduro se ha fijado dos objetivos con este nuevo tributo. Primero, aumentar los ingresos fiscales, por lo que para el presupuesto de 2022 estimó una mayor recaudación por esta vía que por el impuesto sobre la renta. En el informe para la discusión se señala que este impuesto, que hasta ahora se cobraba a las grandes transacciones en bolívares, ya representa 13% de la recaudación total, con lo que con la inclusión de las transacciones en dólares esperan aumentar ese porcentaje.
El chavismo busca sacar provecho de los dólares en los que se hacen 70% de las transacciones del país y de la tímida recuperación económica que viven algunos sectores, después de haber perdido dos tercios del PIB. En segundo lugar, tiene una meta ulterior de “desdolarizar” la economía, que llegó a este punto producto de la voraz hiperinflación en la que desembocaron más de una década de controles. El incentivo al uso del bolívar que supone esta medida podría volverse un bumerán inflacionario.
La aparente apertura de la economía a la que se ha visto obligado Maduro luce contradictoria frente a estas medidas que más bien contraen el consumo, una especie de “Doctor Jekyll y Mister Hyde” para el economista Manuel Sutherland. “En medio de una crisis económica no se toman medidas contractivas. Este impuesto es una aberración jurídico-tributaria, es abiertamente regresivo, taxativamente desigualitario, reduce el consumo y atacará el poder adquisitivo y el PIB”, señala el también director del Centro de Investigación y Formación Obrera.
Maduro señaló que con una mayor recaudación fiscal será posible aumentar los salarios que han perdido todo significado en Venezuela, donde el mínimo vital no llega a los dos dólares mensuales, que es lo que perciben los pensionados y gran parte de los empleados de la administración pública. “Esto es ofrecer pagarle a una persona con el dinero que le quitas”, apunta el economista.
El mismo Gobierno que decidió llenar los anaqueles como sea, luego de los brutales años de mayor escasez entre 2014 y 2016, que promovió importaciones sin aranceles en detrimento de la producción nacional, que eliminó los controles de precios y despenalizó los ilícitos cambiarios para dar entrada a una dolarización informal de la economía parece ahora volver a girar el timón hacia poner más límites a la economía. A esto suma Sutherland las recientes actualizaciones de los aranceles para trámites en notarías y registros que hacen más cuesta arriba el establecimiento de empresas. El nuevo impuesto que pagarán los venezolanos llega justo después del primer año en que el PIB registró un ligero crecimiento después de siete años de caída.
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Lo malo si te cobran el 3 % y no facturan se lo cogen como hacen con el IVA