Edificios arrasados tras las explosiones, columnas de humo y fuego, los escombros tapando las calles. Solo es el último capítulo del huachicol, la perforación de ductos para robar combustible, gas o gasolina, que de tarde en tarde estalla por los aires. En esta ocasión ha sido en Puebla: un muerto y más de una decena de heridos, algunos muy graves. El desastre recuerda que las políticas emprendidas para frenar estos robos que dejan anuales pérdidas millonarias se han estancado. El Ejército tampoco puede con este crimen.
El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, ha decretado dos días de luto por la catástrofe de este domingo, que mantiene a ocho heridos graves, cinco de ellos intubados y otros seis en situación “delicada”. El recuento de las pérdidas materiales tampoco es pequeño: casi 200 viviendas afectadas con daños estructurales severos. Todas estas reparaciones son las que refieren las cifras cuando hablan de unos 60.000 millones de pesos al año en pérdidas derivadas de estos robos. Son miles las tomas clandestinas que perforan los ductos y que sirven al crimen organizado y al robo descarado al por menor entra la población, que acude con sus garrafas cuando mana la gasolina. Los accidentes cuando el combustible se vuelve fuego, suman cientos de cadáveres por todo el paìs.
El huachicol ha renacido en Puebla. Las tomas clandestinas, más de 100 mensuales de media han experimentado un incremento de un 7% este año. A pesar de ello, el gobernador Barbosa anunció una disminución de estos delitos a principios de octubre, cuando participó en una mesa de Seguridad con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval. “Ha bajado enormemente el robo de gasolina, es cinco veces menor a lo que teníamos al arranque de nuestro gobierno”, señaló Barbosa en aquella ocasión e informó de que los delincuentes miran ahora el robo de gas.
Gas o gasolina, la cosa es que estos delitos se han enseñoreado otra vez en varios Estados. Puebla está siendo muy afectado, pero también en Baja California, Hidalgo, Veracruz. En Guanajuato, algunos de los líderes del crimen organizado llevan ese nombre. José Antonio Yépez, el Marro, fue detenido el 2 de agosto del año pasado. Se le conocía como el capo del huachicol en Guanajuato. El cartel Santa Rosa de Lima levantó así su emporio de crimen. El arresto del líder fue una medalla para el gobierno de Morena en su lucha contra esta práctica delictiva que abre cientos de agujeros en las cuentas de la petrolera estatal Pemex.
2018 fue un año terrible. Pemex reportó casi 15.000 piquetes clandestinos en sus ductos que le ocasionaron pérdidas pro valor de 2.068 millones de pesos. El problema era grave para el gobierno de Peña Nieto, y su sucesor, Andrés Manuel López Obrador, se conjuró contra el crimen del combustible. Echó mano del Ejército, vigiló las trampas en las gasolineras, y las cifras, las balaceras y las muertes comenzaron a bajar. Pero todo parece haber sido algo pasajero. Aunque no se llega a los niveles de 2018, Pemex ha contado entre enero y julio de este año 1.185 perforaciones ilegales en Puebla, aunque la afectación en pérdidas es menor que antaño, poco más de un millón de pesos.
Este delito ocurre con frecuencia a la luz del día o con el conocimiento de muchos. El pasado mes de abril, una fuga de gasolina puso al descubierto una enorme planta dedicada al robo de combustible en un barrio de Ecatepec (Estado de México). Las fotos de aquello también eran impresionantes. Miles de metros cuadrados de solar al lado de las viviendas donde se acumulaban bidones de alta capacidad y tubos como si se tratara de una industria legal. Entonces, como ayer en el barrio de San Pablo Xochimehuacán, se anunciaron investigaciones y medidas contra este crimen, que casi nunca tienen resultados satisfactorios.
Las cifras actuales perfilan un México estancado en la lucha contra este crimen. No hay balazos, pero las viviendas siguen saltando por los aires y llevándose la vida de los vecinos mientras las pérdidas sacuden mes con mes las ganancias de la petrolera estatal.
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