El 6 de noviembre de 2007 dos personas se encontraron por primera vez. Sin saber que iban a provocar un terremoto en la política española cuyas réplicas llegan hasta hoy. Fue en una impersonal sala de reuniones del complejo policial de Canillas, en Madrid. Uno era José Luis Peñas, un antiguo concejal del PP en Majadahonda que acudía a denunciar una trama de corrupción encabezada por Francisco Correa, un empresario muy próximo a los dirigentes del PP.
El otro era un inspector de la Policía Nacional que acababa de cumplir los 40 años, Manuel Morocho. Peñas aún hoy recuerda aquel encuentro: “Me escuchó, leyó la denuncia y me hizo unas pocas preguntas”, señala. El exconcejal asegura que, tras aquel día, solo le volvió a ver una vez en los pasillos de la Audiencia Nacional y, más tarde, durante el juicio por la primera etapa del caso Gürtel. “En todas ellas fue amable, aunque nunca se quitó su coraza de policía”, añade.
Más de 13 años y medio después, Peñas, que fue condenado a cuatro años y nueve meses en el juicio por la red de corrupción que ayudó a destapar. Espera que el Gobierno se pronuncie sobre su petición de indulto. Y Morocho, que hace poco más de un año ascendió a inspector jefe, sigue investigando los últimos flecos de la trama. Gürtel mientras ha perdido el anonimato que le daba el número profesional 81.067 con el que firmaba sus informes. Su apellido acapara ahora titulares tras denunciar este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que investiga el espionaje ilegal al extesorero Luis Bárcenas, las trabas que, desde el Ministerio del Interior en la etapa de Mariano Rajoy, le pusieron para dificultar las pesquisas sobre la caja b del PP. Este viernes tiene de nuevo una cita ante el juez.
Para algunos, Morocho es un héroe que sobrevivió a las cloacas policiales. Para otros, un policía con sombras. Una agente que coincidió con él en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Asegura que, efectivamente, Morocho “recibió presiones, pero como muchos de los que estuvimos allí, tanto desde los gobiernos del PP como del PSOE. Unas veces, para difuminar el contenido de un informe; en otras, para lo contrario. Trabajar en esa unidad ha quemado a muchos que terminan marchándose”, añade antes de admitir que fue uno de estos últimos. ¿Por qué no lo ha hecho Morocho? “No lo sé, pero tampoco entiendo por qué no denunció antes lo que ahora está contando al juez”, añade.
Morocho ingresó en la Policía Nacional
En junio de 1999 y, en marzo de 2006, ascendió a inspector. Su condición de licenciado en Económicas le abrió entonces las puertas de la UDEF, una unidad que tenía entonces solo un año de existencia y que se estrenó ese mismo mes en Marbella con el caso Malaya, la primera gran operación contra la corrupción en España.
Poco después, arrancaba la Gürtel. Un compañero suyo de aquella etapa, que también pide que no se le identifique, asegura que el inspector se resistía a que sus superiores modificaran sus informes: “Siempre fue muy crítico con los cambios que le proponían. Llegaba a amenazar con no firmarlos si se le corregían”.
Uno de los abogados personados en el caso Gürtel como acusación alaba los informes de Morocho, aunque coincide con algunos excompañeros del agente que en el trato personal es distante: “Tiene bastante ego, en gran medida justificado, porque su formación está muy por encima de la de su unidad y, sobre todo, de la de sus jefes. Es metódico y no parte de hipótesis preconcebidas”. También dejó buena impresión entre la mayoría de los diputados de la comisión que investiga en el Congreso la Operación Kitchen y ante la que Morocho compareció.
El pasado 25 de marzo y en la que también denunció las presiones sufridas. Jon Iñarritu, asegura que aquel día “transmitió sinceridad y la imagen de un policía que hace su trabajo”.
Esa opinión es compartida por varios agentes consultados, que califican sus informes de “escrupulosos”. Sin embargo, también hay policías que le critican que “haya superado alguna línea de investigación sin salida con demasiada imaginación”.
Condecorado en dos ocasiones —en 2009, con el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba al frente de Interior, y en 2013, en la etapa de Jorge Fernández Díaz—, Morocho ha recibido durante el caso Gürtel ocho denuncias en los juzgados y Asuntos Internos le investigó —luego se archivó— como sospechoso de filtrar a la prensa sus informes.
