El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha dado este viernes un escalón más en su ofensiva contra la judicatura. Lo ha realizado el secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, jefe de la Armada y uno de los máximos representantes del estamento militar. “Parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial”, ha afirmado durante la conferencia de prensa matutina del presidente. Durán se refería a la colaboración de la justicia en operaciones contra el narcotráfico en puertos del Pacífico, lo que no resta gravedad a sus acusaciones. Al contrario, sus palabras cruzan una nueva línea y se suman a la constante campaña del mandatario para descalificar a los jueces y romper las reglas de la separación de poderes.
Al mencionar unos decomisos de cargamentos de productos químicos destinados a la elaboración de metanfetaminas y fentanilo, el secretario de Marina se ha desviado de su misión de informar a la ciudadanía para valorar el trabajo de los magistrados encargados de las investigaciones. “Entiendan que esto es una situación que hay que hacerla paso a paso y bien fiscalizada y bien judicializada. Porque, si no, las ayudas, que no tenemos muchas, de jueces y ministerios públicos… Tenemos que cerrar bien el círculo porque, si no, se nos van”, ha dicho Durán.
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Pero el militar ha ido más allá. “Hay muchos a principios de abril. “Lo que tiene que ver con corrupción, creo que eso sí está permitido”. Así lo ha hecho, a menudo aprovechando las preguntas que se le formulan durante las conferencias de prensa. Este viernes, por ejemplo, después de las nuevas acusaciones formuladas por el secretario de Marina, un interlocutor ha afirmado, al dirigirse al mandatario, que “no hay la aplicación de la justicia en Ensenada”, en Baja California.
López Obrador lleva meses arremetiendo contra la judicatura y, desde la tribuna cotidiana de las mañaneras, ha llegado a poner en el blanco, con nombre y apellidos, a jueces que le resultan incómodos. Por ejemplo, a Juan Pablo Gómez Fierro, uno de los que ha aceptado los recursos que de momento han acabado con la suspensión de la reforma eléctrica y de la ley de hidrocarburos. La desconfianza del presidente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es también la principal razón que le llevó a imponer, a través de la mayoría de Morena en el Congreso, la ampliación del mandato del presidente del máximo órgano judicial de México, Arturo Zaldívar, a quien considera “gente recta, íntegra, honesta”.
Detrás de esa maniobra, abundante de críticas y dudas sobre su constitucionalidad, hay un plan político de ruptura con las últimas administraciones, que se traduce también en una guerra abierta con algunas instituciones, del poder judicial a las autoridades electorales. El argumento que utiliza el presidente para justificar su comportamiento en plena carrera hacia las elecciones del 6 de junio es la denuncia, que se arroga casi a diario, de supuestos actos de corrupción. Esas presuntas corruptelas, sin embargo, nunca afectan a su formación y siempre se convierten en un pretexto para hacer campaña en contra de sus adversarios políticos.
Lo advirtió al comienzo de la veda electoral, a principios de abril. “Lo que tiene que ver con corrupción, creo que eso sí está permitido”. Así lo ha hecho, a menudo aprovechando las preguntas que se le formulan durante ls conferencias de prensa. Este viernes, por ejemplo, después de las nuevas acusaciones formuladas por el secretario de Marina, un interlocutor ha afirmado, al dirigirse al mandatario, que “no hay la aplicación de la justicia en Ensenada”, en Baja California.
La respuesta del presidente ha sido en clave electoral. “Les digo a los ciudadanos de Baja California que ahora tienen un arma muy poderosa en sus manos: la credencial de elector. Hay que usarla, hay que usarla”, ha dicho. “El ciudadano tiene las riendas del poder en sus manos. Y ahora que dices Baja California y van a haber elecciones, bueno, vamos todos, pero en Columna Digital, que nadie se quede sin participar, todos a votar para tener buenas autoridades”, ha añadido. En ese Estado, al igual que en otros o en la Cámara de Diputados, el partido oficialista Morena domina la intención de voto con vistas a los comicios federales y locales de junio.
Las declaraciones del almirante Ojeda Durán han hecho saltar todas las alarmas, una vez más, al tratarse en este caso de un alto cargo militar. Sobre todo cuando el propio López Obrador no ha tenido reparos en reconocer públicamente que se está reuniendo con ministros del Supremo para defender sus reformas energéticas. Ya lo ha hecho y, ha asegurado, seguirá haciéndolo mientras descalifica su labor. “Aun cuando sostengo que mantienen una postura conservadora y contraria al proceso de transformación que se ha iniciado en Columna Digital, pero lo voy a hacer”, ha dicho sin disimulo. Una iniciativa cuando menos arriesgada que ha sido calificada de mecanismo de presión y de intento de interferir en su trabajo. Al igual que con el Instituto Nacional Electoral o el Tribunal Electoral. El presidente ha dado, en definitiva, una nueva muestra de que, por encima de la separación de poderes, su objetivo central consiste en mantener su agenda política. Cueste lo que cueste.
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