La familia de Francisco Franco no podrá retirar del Pazo de Meirás (Sada, A Coruña) los 564 bienes que reclama como suyos, al menos hasta que acabe la disputa judicial para determinar si los enseres y documentos en cuestión pertenecen a los herederos del dictador o al Estado. El Juzgado de Primera Instancia número 70 de Madrid ha decidido dejar temporalmente esos bienes en manos del Estado “hasta que se ponga fin al pleito mediante la oportuna sentencia”. El juez considera que dárselos a la familia Franco “implicaría un claro peligro de pérdida o desaparición”, incluso si se cree “que no está en la voluntad” de los herederos el “proceder a la enajenación inmediata de los bienes”. El auto da por sentado que el depósito temporal no supone “importantes perjuicios” para los familiares del dictador, que han gozado durante la mayor parte de sus vidas de un palacio cuya propiedad recuperó el Estado en 2020. La Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha mostrado su satisfacción por esta decisión judicial, que califica de “magnífica noticia”.
La decisión judicial afecta a una parte de los bienes inventariados en el interior del pazo. Los herederos habían reclamado al Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña la entrega de una serie de bienes, entre los que se encontraban estos. El pasado 21 de septiembre el Estado demandó a los Franco para reclamar que no se movieran 564 bienes muebles entre los que hay multitud de documentos. Y reclamaba como medida cautelar que se dejaran en depósito de la Administración, al menos hasta que quedara claro a quién pertenecen. Esta es la medida cautelar que ha adoptado ahora el juzgado madrileño.
Las dos partes se vieron las caras el pasado día 25. El Estado considera que todo lo reclamado es parte “del dominio público”, como el propio pazo que los contiene. El juzgado coincide en que, al menos de manera indiciaria, puede entenderse que pertenecen al Patrimonio español y que lo mejor es que se queden bajo custodia de este.
El juez argumenta que la eventual entrega a los hoy demandados implicaría “un claro peligro de pérdida o desaparición de estos bienes muebles, lo que haría inviable cualquier pronunciamiento judicial ulterior de ese juzgado [el de A Coruña]”, e implicaría un “peligro” para los propios bienes “por la falta de medidas de conservación que se ha constatado que ya existen en una parte relevante de los bienes muebles reclamados, en algunos casos en situación de abandono”. El juez Roberto Fernández subraya que algunos bártulos ya han desaparecido, como “una serie de bienes que constan como desaparecidos con la referencia a ‘piezas de Emilia Pardo Bazán desaparecidas en la etapa de Franco (1938-1978)”. El pazo había sido propiedad de la escritora gallega antes de pasar a manos de Franco.
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Por ello, el magistrado cree que hay que tomar medidas de aseguramiento, para preservar ”el Pazo de Meirás como un lugar de memoria de la historia y cultura gallega y española”. El inventario de 564 bienes incluye documentos de valor histórico como, por ejemplo, numerosos listados de adhesiones de exmilitares y falangistas a lo que Franco llamó “la guerra de liberación”, informes reservados sobre la resistencia y escritos de instituciones y personalidades intentando congraciarse con el dictador. La mayoría estaban en el despacho y la biblioteca del pazo.
Consulte el inventario de bienes muebles del Pazo de Meirás elaborado por la Xunta de Galicia:
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