El juez Manuel García-Castellón, instructor de la Audiencia Nacional, ha llamado a declarar como testigo a Hugo Armando Carvajal, más conocido como El Pollo Carvajal, quien fuera jefe de la contrainteligencia venezolana hasta 2014. Según detallan fuentes jurídicas, el magistrado ha fijado la comparecencia del militar para el próximo 27 de octubre y ha tomado esta iniciativa tras reabrir una causa sobre Podemos archivada en 2016. Esta nueva cita se producirá después de que El Pollo Carvajal, que se encuentra encarcelado en España y que está intentando frenar in extremis su extradición a EE UU, haya acusado al partido de izquierdas de recibir dinero de los Gobiernos chavistas.
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García-Castellón ya tomó declaración el pasado 20 de septiembre al militar, que afirmó que aportaría documentos para sostener sus palabras. Desde entonces, Carvajal ha enviado distintos papeles al juez, que ha acabado reabriendo una pieza que llevaba cinco años archivada. Por su parte, Podemos ha calificado como meras “difamaciones” las acusaciones del venezolano. “Hay tantas informaciones en este tiempo que han salido sobre supuesta financiación irregular de Podemos o sobre otras cuestiones… Todo esto solo sirve para que se haga una campaña contra Podemos”, dijo este lunes Isabel Serra, coportavoz estatal del partido. “Tratan de aparentar algo ridículo: que es una comparación entre la corrupción del PP, que tanto daño ha hecho, con Podemos. Son fabricaciones. Todo esto acabará en nada”, remachó.
La causa reabierta se remonta a 2016, cuando un partido llamado Unión Cívica Española-Partido por la Paz, Reconciliación y Progreso de España presentó una querella contra Podemos, su cúpula directiva y contra Pablo Iglesias por los delitos de financiación ilegal de partidos políticos, delito fiscal y blanqueo de capitales. Tras analizar el caso, el magistrado Alejandro Abascal decidió archivarlo al calificar la denuncia como “un conjunto desordenado de reproducciones de noticias publicadas en la prensa en las que se atribuye a los denunciados y a otras personas recibir cantidades de dinero de paraísos fiscales o países de riesgo a través de la empresa 360º Global Media, propiedad supuestamente de un ciudadano iraní, y ello a través de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales”.
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Abascal, con el respaldo de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, concluyó entonces que la causa se apoyaba en un supuesto informe policial, bautizado como Informe Pisa (acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima), que no llevaba el sello de ninguna unidad del Cuerpo y que nunca ha tenido ningún tipo de recorrido judicial. Su fabricación se atribuye a la policía patriótica, el grupo de agentes que funcionó en el Ministerio del Interior durante la etapa de Jorge Fernández Díaz para desacreditar a rivales políticos.
De hecho, el inspector jefe Manuel Morocho, principal investigador del caso Gürtel, contó que uno de los integrantes de ese grupo le pidió analizar ese informe y que le añadiera su firma. Morocho contó en el Congreso que siempre desconfió de ese documento: “Se incluían una serie de notas, informaciones, titulares con una visión no neutral ante el punto de vista político de lo que se manifestaba […] [Se hizo] con el fin de provocar el inicio de algo más”. Antes del archivo de Abascal, el Tribunal Supremo ya había denegado también la tramitación de una denuncia interpuesta por el pseudosindicato Manos Limpias basada en el mismo informe.
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Ahora, tras conocerse la reapertura, Podemos califica de “ridículo” que se retome un tema vinculado con el Informe Pisa. “¿Acusaciones de 2016 archivadas tres veces quieren otra vez presentarlas como novedades?”, dijo también Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores del partido, después de las acusaciones de Carvajal: “Un tal Pollo, defensor de Guaidó, dice tener pruebas del pago de Venezuela en 2013 a Podemos (que nace en 2014), denuncias de la extrema derecha ya archivadas en 2016, 2017 y 2019 por el Tribunal Supremo. Tranquilidad”.
El Pollo Carvajal fue detenido el pasado 9 de septiembre tras permanecer en paradero desconocido desde noviembre de 2019. El militar se había escapado de la acción de la justicia española poco antes de que se materializase su entrega a Estados Unidos aprobada por la Audiencia Nacional, y desde entonces se encontraba fugado. EE UU lo reclama para juzgarlo por narcotráfico, blanqueo y colaboración con la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
“Cuando decidí ir a España se lo anuncié a un conocido del CNI, quien me recibió en el aeropuerto por cortesía y sin privilegios. Eso fue todo. Mi intención de ir a España era poder compartirles información que permitiera ejercer presión al régimen de Maduro desde Europa. Pero luego de los atropellos judiciales a los que me sometieron, y el rumbo que tomó la política de ese país, entendí que me había equivocado de destino”, asegura Carvajal en una página web que ha abierto tras su encarcelamiento.
