El juez Santiago Pedraz ha rechazado el recurso de la acusación popular del PSOE que pedía reabrir la causa de las donaciones ilegales que el PP ingresó entre 1990 y 2009, casi ocho millones de euros procedentes de decenas de empresarios, la inmensa mayoría contratistas de la administración pública que tenían prohibido por ley ese tipo de pagos. El PP se benefició de esas donaciones anónimas que nunca declaró al Tribunal de Cuentas ni a la Agencia Tributaria, según la investigación judicial.
El juez Pedraz, apoyado en las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción, sostiene que no se ha podido acreditar que esas donaciones ilegales se hicieran a cambio de contratos públicos.
El extesorero del PP Luis Bárcenas apoya el archivo de la causa porque antes de 2015 no existía el delito de financiación ilegal de los partidos políticos y porque durante la investigación no se ha podido acreditar la vinculación entre las donaciones ilegales recibidas —que él mismo apuntó de su puño y letra durante casi 20 años en unos cuadernos— y los contratos adjudicados a esas empresas.
La Fiscalía Anticorrupción también rechaza el recurso del PSOE al entender que los distintos informes periciales encargados no han podido acreditar una relación entre contratos adjudicados a las empresas y las donaciones recibidas por el PP. Respecto a la grabación de la reunión entre un empresario y el entonces gerente del Canal de Isabel II en la que el contratista manifiesta con claridad que donaba dinero al PP a cambio de conseguir contratos de administraciones gobernadas por el PP, la Fiscalía señala: “En nuestro escrito de 9 de diciembre de 2022 debíamos detenernos, por su importancia y trascendencia penal, pues Rafael Palencia Marroquín hacía mención al pago de un porcentaje por la adjudicación de obras. En este hecho, de indudable relevancia penal, la instrucción no ha puesto de manifiesto la intervención de terceras personas, distintas a Rafael Palencia Marroquín, cuya responsabilidad criminal ha quedado extinguida conforme a lo dispuesto en el artículo 130. 1. 1º) del Código Penal y 637. 3º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por auto de 27 de octubre de 2021, al fallecer el 14 de octubre de 2021″.
El empresario Alfonso García Pozuelo, dueño de la empresa Constructora Hispánica que aparece en los papeles de Bárcenas como donante de cientos de miles de euros ingresados en la caja b, recordó al juez que lo que había manifestado Álvaro Lapuerta, extesorero del PP ya fallecido, es que se atendiese amablemente a los donantes de la formación conservadora, pero en ningún caso que se amañasen contratos a cambio de ese dinero que se entregaba al partido.
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