El juez señala falta de pruebas en riesgo.

Durante una reciente audiencia, un juez expresó serias dudas sobre la legitimidad de la designación del gobierno de Trump, que califica a la empresa Anthropic como un riesgo para la cadena de suministro. Esta etiqueta ha llevado a una prohibición que impediría al gobierno federal utilizar la tecnología de la compañía.

La controversia ha surgido en el contexto de negociaciones contractuales estancadas entre Anthropic y el Departamento de Defensa (DoD). Anthropic ha manifestado su preocupación frente al uso de su inteligencia artificial (IA) en operaciones de vigilancia masiva de ciudadanos americanos o en decisiones relacionadas con el uso de armas letales, afirmando que la tecnología aún no se encuentra en un estado adecuado para tales aplicaciones. Por su parte, el Pentágono ha replicado que una empresa privada no debería dictar las directrices sobre el uso de tecnologías por parte de las Fuerzas Armadas, comprometiéndose a emplear esas herramientas de manera “legal”.

El gobierno incluso ha sostenido que las críticas públicas de Anthropic hacia el DoD justifican la imposición de esta prohibición. Sin embargo, esta lógica ha sido objeto de críticas por parte de la juez Rita Lin, quien advierte que este tipo de razonamiento podría convertirse en un peligroso precedente, donde se retaliaría a contratistas federales que discrepen con la administración actual.

En cuanto al riesgo de que Anthropic pudiera desactivar o modificar sus modelos de IA en contextos de combate, el DoD ha presentado afirmaciones que, según expertos, carecen de fundamentos sólidos. La juez Lin coincidió con esta opinión, afirmando no haber visto evidencia de que la compañía pudiera alterar un modelo una vez entregado o activar un “interruptor de muerte”.

La reciente audiencia se inscribe en una serie de litigios que Anthropic ha entablado contra el Departamento de Defensa, desafiando tanto la prohibición como la designación de riesgo. Estos litigios se originaron en marzo y uno de ellos se está tratando en Washington. La juez Lin, quien ya había bloqueado temporalmente la prohibición en marzo, ahora está considerando si extender esa decisión de manera permanente.

Este caso pone de relieve las tensiones entre la innovación tecnológica en el sector privado y las exigencias del gobierno, y plantea preguntas sobre el futuro de la colaboración entre empresas de tecnología y el ámbito militar. La información presentada refleja el estado de esta disputa legal tal como se conoció en la fecha de su publicación original, el 30 de julio de 2026.

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