Él decía “generalísimo” o “su excelencia”. Y los abogados de la defensa contestaban “dictador”. Así, el matiz que acompañó la declaración en el juicio del presidente de la Fundación Francisco Franco, Juan Chicharro Ortega, de alguna forma resumió todo el caso. Y el choque vigente entre dos visiones del mundo irreconciliables, según el relato de dos de los seis letrados defensores. La primera y única sesión del proceso civil en el que los nietos del caudillo acusan a varios periodistas, investigadores y a Mediaset de vulnerar su honor, imagen e intimidad en un programa televisivo de 2018 duró hoy miércoles apenas tres horas. Y el caso, ante el juzgado de primera instancia nº43 de Madrid, quedó visto para sentencia. Pero, mientras, ya ofreció un veredicto: la indignación absoluta de ambas partes.
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Los Martínez-Bordiú denuncian que el reportaje La herencia de Franco, emitido el 23 de julio de 2018, dentro del programa En el punto de mira de Cuatro, ofreció de ellos una “imagen negativa y tendenciosa”, dirigida a “difamar” con “temerario desprecio de la verdad”, según la demanda. Piden que el contenido sea destruido, la difusión de la sentencia en la franja de máxima audiencia en que se emitió el programa, y una indemnización de 50.000 euros. Pero los acusados se muestran escandalizados ya solo de tener que afrontar esta demanda.
La juez Carmen Iglesias Pinuaga escuchó la mañana del miércoles a unos y otros, aunque tampoco mucho: concedió a cada letrado máximo 10 minutos para sus conclusiones. Lo que, junto con el testimonio de Chicharro Ortega y del guionista del programa, agilizó la sesión. Al fin y al cabo todos los demandados ya habían relatado en otro momento su versión: los directores del programa, Juan Serrano y Lorena Correa; los reporteros Pablo de Miguel, Juan Carlos González y Carla Sanz; los cuatro expertos que participaron en el reportaje: Sánchez Soler, autor del libro La Familia Franco, SA y del reciente Los ricos de Franco; el investigador Carlos Babío; el periodista Javier Otero, y un ex miembro de la propia familia, el periodista Jimmy Jiménez-Arnau (que estuvo casado con María del Mar Merry Martínez-Bordiú, nieta del caudillo). Además, la magistrada dejó claro que la clave es el propio reportaje. “Ya lo veré y discerniré”, reiteró según tres letrados presentes.
En realidad, puede que el caso no se resuelva en el sofá de la juez. Ni siquiera ante su tribunal. Porque los nietos de Franco también acudieron a la vía penal y, tras un primer rechazo, la justicia accedió a investigar posibles delitos contra el honor, injurias y calumnias. Así, la magistrada puede seguir adelante y dictar sentencia civil, al considerar que los dos casos no son idénticos; o esperar a que antes finalice el proceso penal. Para Juan Ramón Montero Estevez, letrado de los Franco, no queda mucho para la apertura de ese otro juicio oral. Botella y Alejandro Martín, abogado de Babío, sin embargo, dan por hecho su “sobreseimiento”.
Todo, en ambos casos, gira en torno al programa emitido por Cuatro y producido por Cuarzo, que repasaba la incorporación al patrimonio de la familia de bienes como el pazo de Meirás —que la justicia luego asignó al Estado, aunque la decisión está recurrida ante el Supremo—, el palacio del Canto del Pico, la casa Cornide o la finca de Valdefuentes. La demanda, de 108 páginas, reproduce casi íntegramente el reportaje para señalar presuntas falsedades y daños causados con sus afirmaciones. Pero las defensas contestan que todo lo dicho en el programa se basa en documentos y publicaciones anteriores. “Es derecho de la información. Sostienen que eran declaraciones miserables y mezquinas, pero se les olvida decir que eran ciertas, y es de lo que se trata”, agrega Botella.
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