El punto de inflexión de la ofensiva Ucrania está en su clímax, mientras el Kremlin se retraía, buscando una nueva dirección para la guerra, Ucrania se siente confiado tras haber asegurado sus líneas con armamento capturado ruso consolidando su presencia en el nor-este del país. Sin embargo, extensas partes de territorio siguen bajo el control de las fuerzas armadas Rusas. Es por eso que, la nueva estrategia Rusa repite el plan elaborado con Crimea, planea celebrar refrendos para finalmente anexar las regiones controladas de Donbass y Lugansk.
La última semana ha sido dura en el Kremlin. La retirada de sus tropas sin prestar apenas resistencia en Járkov, la reanudación de conflictos donde ha perdido influencia en el Cáucaso y Asia Central y los desplantes de sus socios asiáticos en la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái —principalmente India y China— han dañado la imagen de Putin estos últimos días. El primer ministro indio le dijo ante las cámaras que “no es época de guerras” y el propio presidente ruso se avino a dar explicaciones ante “las preocupaciones” del líder chino.
Las primeras réplicas políticas del terremoto provocado por el avance de las tropas ucranianas han llegado ya al Parlamento ruso, y el país se prepara para una escalada. La Duma Estatal ha aprobado a toda velocidad una serie de enmiendas que contemplan por primera vez escenarios como la movilización general de la población y el estado de guerra. Estos cambios legales, dirigidos a forzar a sus soldados —y, llegado el caso, a otros sectores de la población— a ir al frente, llegan en pleno clamor de una parte de los círculos del Kremlin para que tome medidas más severas ante la contraofensiva de Kiev. Al mismo, tiempo, los territorios que aún controla en Ucrania se aprestan a celebrar referendos en los próximos días con la esperanza de intimidar a Kiev ante las hipotéticas consecuencias de tomar lo que Moscú considera suelo ruso en Ucrania. Entre ellas, la amenaza nuclear.
Mientras todos estos hechos se encadenaban en una huida hacia adelante, Vladímir Putin mantenía un encuentro con los representantes de la industria militar rusa para abordar el suministro de armas y munición a sus tropas en Ucrania. “Necesitamos aumentar la capacidad de producción de varias empresas y, cuando sea necesario, modernizarlas”, apuntó el mandatario durante el encuentro. Putin tiene previsto dirigir un mensaje a la nación en las próximas horas.
Frente a este panorama, el Kremlin ha dado un golpe de timón. Las administraciones militares impuestas por Rusia en los territorios ocupados han anunciado que celebrarán en los próximos días plebiscitos para su anexión a Rusia. Las autodenominadas “repúblicas” de Lugansk y Donetsk han proclamado que sus referendos tendrán lugar del 23 al 27 de septiembre. También las autoridades militares de Zaporiyia y Jersón han anunciado sendas consultas en las mismas fechas —en las zonas que controlan— y sin ninguna supervisión internacional.
Estas votaciones son solo un trámite, pues es imposible garantizar un referendo en plena guerra y con gran parte de la población exiliada o movilizada en el frente. Sin embargo, guardan un objetivo militar detrás: si Kiev avanza en territorio considerado ruso por Moscú, como sucede ya con Crimea, podría intentar escalar el conflicto.
“Todo lo que está sucediendo hoy es un ultimátum totalmente inequívoco de Rusia a Ucrania y Occidente. O Ucrania se retira o [amenazará con] una guerra nuclear”, afirma en su canal de Telegram la politóloga Tatiana Stanovaya. “Putin quiere obligar a Kiev a rendirse sin luchar”, añade antes de explicar que el curso de los acontecimientos apunta a que primero tendrá lugar la adhesión, luego una intensificación de los combates, y finalmente “la movilización y la amenaza de utilizar armas nucleares si Ucrania se niega a retirarse”. “Putin ha confiado en la escalada, y ahora todo esto se está implementando de manera práctica”, advierte Stanovaya, quien cree que ahora es el turno de los expertos militares.
Para la politóloga Ekaterina Shulman, la anexión del territorio que Moscú aún controla podría ser un intento de acuerdo de Putin con sus socios asiáticos para terminar la guerra lo antes posible. La experta advierte de que para esa paz “solo es necesaria una condición: que nadie del otro lado interfiera”. Es decir, que Ucrania renuncie a recuperar el territorio y la población que le arrebató Rusia. En su opinión, si Kiev continúa en su lucha, “nada ha cambiado sobre el terreno” y cada bando mantendrá “las mismas armas y capacidades”.
Más pasos hacia la movilización
Vladímir Putin se ha negado hasta ahora a decretar la impopular movilización general para ir al frente. Su fórmula para su ofensiva sobre Ucrania, la llamada operación militar especial, presenta vacíos legales que han permitido a muchos militares rusos rechazar ir a combatir. Estos otkázniki (algo así como “objetores”, en ruso) alegan razones como que al no ser una guerra no están obligados por contrato a ir al frente o que no tienen autorización para cruzar la frontera.
Ahora, el Parlamento ruso cierra algunos de estos vacíos en caso de que sea decretada una movilización o un estado marcial. La Duma Estatal aprobó este martes las enmiendas por unanimidad y a toda velocidad: en una mañana se liquidó la segunda y la tercera lectura obligatorias del proyecto de ley.
Esta reforma prevé nuevas penas de prisión para los militares que se rindan, de hasta 10 años de cárcel, o que abandonen sus posiciones. Según destaca el abogado de derechos humanos Pavel Chikov, no aparecer dos días en el puesto, por ejemplo, implicará hasta cinco años de cárcel y no uno como contemplaba la ley actual.
Asimismo, se refuerza el castigo a quienes incumplan órdenes de sus superiores “durante un período de ley marcial, en tiempo de guerra o en condiciones de conflicto armado u operaciones de combate”, así como la negativa a participar en actividades militares. En estos casos el militar podrá ser condenado a entre dos y tres años de prisión.
La preparación para una economía de guerra también está prevista en las nuevas enmiendas. Se introduce una pena de cárcel de cuatro a ocho años para los empresarios que rechacen dos veces firmar un contrato con las fuerzas armadas, y si este es incumplido, la estancia en prisión puede alcanzar los 10 años.
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