María abandonará por fin el Reino Unido y regresará a Valencia este lunes, después de una pesadilla de dos semanas. Aún no sabe cuándo le devolverán el pasaporte, pero ya cuenta con que el documento reflejará permanentemente que fue deportada de un país europeo. María no es su nombre real. Tiene 25 años y no quiere que se conozca su verdadera identidad. Como decenas de jóvenes que pensaron que todavía era posible la aventura británica, chocó de lleno con la realidad del Brexit y las nuevas leyes británicas de inmigración, mucho más duras y restrictivas. Retenida el 3 de mayo en el aeropuerto londinense de Gatwick, fue trasladada al centro de inmigrantes Yarl’s Wood, en Bertfordshire. Cuatro días sin recibir información, sin acceso a sus pertenencias personales, y con la sospecha y el temor de que un brote de la covid-19 la retendría allí indefinidamente. “No puedo decir que el trato fuera malo. Afortunadamente, por la necesidad de aislarnos, tuve mi propia habitación. Pero me sentía muy confusa, porque la situación era de absoluta desinformación”, cuenta a Columna Digital. “Que yo recuerde, en el comedor había otra chica de la República Checa, una italiana, una estadounidense y dos sudamericanas”, explica.
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El Gobierno británico y los socios de la UE llevan más de dos años informando sobre los derechos y situación de los ciudadanos comunitarios que viajen o residan en el Reino Unido y viceversa. Todos aquellos que puedan demostrar con documentos su permanencia en la isla, seis meses antes del pasado 31 de diciembre, tienen derecho a obtener los llamados EU Pre-Settlement Status o EU Settlement Status, los permisos temporal o definitivo de residencia que les conceden los mismos derechos de que disfrutaban antes de que se produjera la salida definitiva de la UE. El plazo para solicitarlo concluye el próximo 30 de junio. Según el Gobierno británico, más de cinco millones de personas se han acogido ya a la medida. Quedan al menos un millón en el limbo administrativo, según la asociación The3Million, que organizó y dio voz a los residentes comunitarios en el Reino Unido cuando el Brexit pasó de ser una amenaza a una realidad cada vez más cercana.
“Yo había trabajado en 2019 en un bar de Manchester durante seis meses. Pensé que podía acogerme a eso para pedir la residencia”, cuenta María. Su hermana y su mejor amiga se quedaron cuando ella volvió a España por motivos académicos. Intentó solicitar el EU Pre-Settlement Status, sin éxito. Pensó que, con familiares ya en suelo británico, no tendría problema en volver. Y cometió el error de decir en la terminal del aeropuerto que regresaba para trabajar. La principal espoleta del Brexit fue la inmigración. Y una de las primeras leyes aprobadas por el Gobierno de Boris Johnson fue la que instauraba un sistema de puntos mucho más restrictivo para acceder al país y colocaba a los ciudadanos comunitarios al mismo nivel que a los del resto del mundo. “Los ciudadanos de la UE son nuestros amigos y vecinos y queremos que se queden con nosotros”, respondía el Ministerio del Interior británico al ser consultado sobre el caso de María. “Pero a los que no eran residentes antes de esa fecha [el 31 de diciembre], como nos exigen los propios ciudadanos británicos, les reclamamos una prueba de su derecho individual a vivir o trabajar en el Reino Unido”.
Este periódico ha podido saber que el Gobierno británico analizó con urgencia el caso de María. Los servicios consulares de España habían reclamado información y hablaron con ella por teléfono en varias ocasiones durante su estancia en el centro de inmigrantes. A los cuatro días, se le permitió terminar la cuarentena obligatoria al entrar al país en casa de su hermana. “Sin entregarme el pasaporte. En teoría, me lo devolverán al llegar a Valencia, después de una entrevista con la Guardia Civil”, cuenta la joven.
“Nos interesamos por su estado, y nos aseguramos de que todos sus derechos eran respetados. Pero no podemos hacer de intermediarios legales. Son las leyes británicas, que el propio país aplica”, han explicado desde el Ministerio de Asuntos Exteriores español, que reconoce que al menos ha habido ya nueve casos similares que han tenido que atender. “Por las noticias que vamos conociendo, el panorama es bastante preocupante. Ciudadanos de la UE retenidos durante varios días a los que se arrebatan sus libertades. No nos resulta nada claro que sean medidas proporcionadas, cuando lo que pueden hacer es enviarlos inmediatamente de vuelta a sus países de origen, en vez de trasladarlos a un centro de inmigrantes”, asegura Maike Bohn, de la organización The3Million.
Ante la avalancha de quejas de los últimos días, con casos que afectaban especialmente a ciudadanos búlgaros, italianos o españoles, el Gobierno de Johnson ha dado órdenes más claras a la policía fronteriza. En aquellos caso en que parezca lo más apropiado, las autoridades deben permitir la entrada condicional al país, bajo cierta supervisión, hasta que sea posible obtener un vuelo de regreso al punto de origen.
“No entendía nada. Yo no había hecho nada malo. Y pensé que tenía toda mi documentación en regla. Me encontré rodeada de muros y alambrada, ventanas con barrotes y puertas de seguridad”, ha contado al diario La Repubblica Marta Lo Martire, de 24 años, originaria de la región italiana de Apulia, retenida también en el aeropuerto de Heathrow cuando intentaba entrar al Reino Unido. “Estallé a llorar. Me resultaba inconcebible que me estuviera sucediendo eso”. Afortunadamente para ella, la deportaron al día siguiente en un vuelo a Milán.
El primo de Marta, Giuseppe Pichierri, un médico con 15 años de experiencia laboral en el Servicio Nacional de Salud británico y residente en Londres, había enviado una carta a Marta en la que aseguraba responder por ella y explicaba que había reclamado sus servicios como au-pair (la persona contratada para atender a los niños). No sirvió de nada, ni las autoridades permitieron a Giuseppe pagar algún tipo de fianza para liberar a su prima del centro de inmigración donde pasó la noche.
Las autoridades de la UE, y las embajadas de algunos de los países más afectados, admiten que las cifras superan ya las varias decenas. En medio del polvorín que todavía supone el Brexit para las relaciones entre Londres y Bruselas, ambas partes han optado de momento por dar un perfil bajo a estos incidentes. “No parece tratarse de una tendencia generalizada, porque ha afectado a un número reducido de ciudadanos. Aun así, la delegación de la UE en Londres está siguiendo el asunto con atención, sobre todo en lo que se refiere a las condiciones de retención”, ha explicado un portavoz de la Comisión Europea.
En la mayoría de los incidentes registrados, el patrón se repite. Jóvenes desinformados que, como generaciones anteriores han hecho durante años, atraviesan el Canal de la Mancha para trabajar unos meses de camareros o de au-pair y vivir la experiencia londinense o británica. A pesar del Brexit, el magnetismo cultural y económico del Reino Unido sigue siendo muy fuerte. Los malos tragos vividos por algunos en estos últimos meses no son comparables al calvario sufrido por muchos inmigrantes irregulares procedentes de Oriente Próximo o de Asia, pero todavía resulta difícil de digerir que el Gobierno de Johnson pase a todos por el mismo rasero.
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