Podemos quiere desbloquear cuanto antes la Ley de Protección y Bienestar Animal, paralizada en el Congreso desde el pasado septiembre. El proyecto de Derechos Sociales, el departamento que dirige Ione Belarra, fue aprobado en el Consejo de Ministros el 1 de agosto, pero una enmienda del PSOE para dejar fuera del texto a los perros de caza ha ralentizado su tramitación parlamentaria por el desacuerdo entre los socios. El ministerio ha trasladado este miércoles al grupo socialista una propuesta para excluir a estos animales solo mientras participen en actividades cinegéticas. La iniciativa, inspirada en la ley autonómica de Castilla-La Mancha en vigor desde 2020, supone una vía intermedia para dar salida a una de las normas atascadas de la coalición.
La legislación del Gobierno de Emiliano García-Page considera que la persona responsable de los perros de caza no puede garantizar el cumplimiento de las obligaciones de “cuidar y proteger a los animales de las agresiones, situaciones de peligro, incomodidades y molestias que otras personas o animales les puedan ocasionar” y la de “evitar las agresiones o molestias del animal a las personas o a otros animales, así como la producción de otro tipo de daño” durante el ejercicio de la caza. Según apuntan fuentes de Derechos Sociales, “esta excepción, sin embargo, no implica que se les pueda maltratar, agredir, causarles algún tipo de sufrimiento o abandonarlos, en cuyo caso se les aplicaría el procedimiento sancionador recogido en la Ley”.
Lo que propone el departamento de la secretaria general de Podemos, por tanto, es que estos animales queden exentos de la aplicación sancionadora únicamente mientas practican el ejercicio de la caza. “El resto del tiempo se les aplica la ley como a cualquier otro perro”, indican fuentes del ministerio, que creen que esta vía permitiría que los cazadores y los socialistas “vean recogidas sus demandas”. Por el momento, el principal partido del Ejecutivo se limita a responder que “analizarán y darán respuesta” al departamento.
En septiembre, después de que el PSOE firmara sus peores resultados en las autonómicas andaluzas —y de que achacara, en parte, ese fracaso al malestar del sector de la caza con el Gobierno—, el grupo socialista registró una enmienda en el Congreso para excluir de la futura ley a los perros de caza y otros animales que desempeñan labores específicas (deportivas, pastoreo, tareas de rescate o de seguridad con las Fuerzas Armadas). A cambio, el socio mayoritario del Gobierno anunciaba la elaboración de una legislación específica para los canes de caza, las rehalas, aves de cetrería y los animales auxiliares de caza, en línea de las demandas del sector. Unidas Podemos rechazó entonces la propuesta. “El maltrato es maltrato independientemente de a qué se dedique el animal. ¿O es que el PSOE está a favor de colgar a un perro de un árbol, descerrajarle un escopetazo y arrastrarlo por el suelo desangrándose o enterrar cachorros en cal viva porque sean perros de caza?”, reaccionó Pablo Echenique, portavoz parlamentario del grupo.
Después de tres meses y para evitar el bloqueo definitivo de la norma en un año electoral —con autonómicas, municipales y generales— en el que será muy difícil desatascar buena parte de la legislación pendiente en las Cortes, Derechos Sociales ha decidido buscar una solución intermedia y ha remitido los socialistas y al resto de grupos una enmienda transaccional en los mismos términos que la ley de Castilla-La Mancha. El departamento de Belarra, además, ha convocado para este miércoles un nuevo encuentro con el colectivo cinegético para trasladar la propuesta de acuerdo. Al bloqueo en el Congreso de la ley de bienestar animal se suman los desencuentros en la norma sobre vivienda, la de de seguridad ciudadana (conocida como ley mordaza), la ley trans y la de familias, en este último caso pendiente aún de su aprobación en el Consejo de Ministros.
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