La actividad de las empresas dedicadas a intermediar con inquilinos para que abandonen o desalojen una vivienda, comúnmente conocidas como empresas “desokupas” se ha incrementado desde la pandemia. Si en 2019, eran tres las que operaban en Madrid (Desokupa, Fueraokupas y Desokupa Express, alguna operativa desde 2014), ahora se contabilizan hasta nueve, con la incorporación de Desokupamos, Rekupera, Desokupa y Rekupera, Servi-Okupas o Bastión Desokupación.
Buena parte de este sector relativamente joven está rodeado de una fama poco edificante por sus prácticas agresivas. Consultados los datos del Ministerio del Interior, desde marzo de 2020 se han denunciado 76 casos de acoso inmobiliario en la región, aunque no especifican cuántas denuncias están relacionados con estas empresas.
Como reclamo utilizan la lentitud de los tribunales para captar a sus clientes, sobre todo inmobiliarias que prefieren usar este sistema paralelo a la justicia sin interponer denuncia para evitar el decreto antidesahucios vigente.
Más información
En 2020 hubo en la Comunidad de Madrid un 9% menos de denuncias por ocupación en viviendas que en 2019, y un 19% menos que hace cinco años. Según datos de Interior, la región es la décima en número de viviendas ocupadas con relación a las totales (una por cada 1.996).
Una de las últimas en aparecer es Bastión Desokupación, contratada por Clikalia este verano, una inmobiliaria de compraventa exprés de inmuebles. Estas últimas semanas varias familias de Usera, Carabanchel y Parla reciben visitas de hombres vestidos de negro y fuerte complexión física, que actúan con plenos derechos de representación de la empresa, según ellos mismos afirman.
Daniela, nombre ficticio, de 44 años, ha sido protagonista de sus actuaciones. Se instaló en 2018 con su marido y su entonces bebé de un año en su piso de Carabanchel firmando un contrato de alquiler que resultó ser falso. El dueño real del inmueble, un fondo de inversión vinculado a Bankia, terminó denunciando y hubo dos intentos de desahucio, el último el 27 de abril, que se paralizó por el decreto gubernamental decretado en pandemia.
Sentencia de abril
Daniela muestra varios mensajes de Whatsapp que le ha enviado José Bastión, el jefe de operaciones. Daniela le mandó la sentencia de abril, en la que se dictamina que puede seguir en el domicilio hasta la finalización de la fecha de validez del decreto. El tono del audio de la respuesta es admonitorio: “Yo te pregunto: ¿no será mejor salir un poco antes de la vivienda, llegar a un acuerdo amistoso, con un acuerdo de ayuda habitacional que te demos, y no esperar a agosto para salir sin nada?”.
Esta conversación se produjo a mediados de julio, previo al anuncio del Gobierno de extender la moratoria antidesahucios hasta finales de octubre. Las cuatro veces que ha recibido visitas del equipo de hombres de negro no han sido tan agradables como esos audios. Según explica, por escrito y en todo lo que deje constancia son amables, pero en persona y cuando no se graba, se vuelven más agresivos. Más al saber que Daniela es miembro activo de la Asamblea de Vivienda de Carabanchel: “Tú eres una tía lista: no te voy a dejar vivir: voy a estar todos los días dándote por saco”, le dijeron en la puerta de su domicilio hace unos 20 días, según su versión.
Más Información
Llamadas, visitas intempestivas y amenazas de bloquear los accesos han acabado por minar el aguante de Daniela, que, pese a que un juzgado ha decidido que puede quedarse, está valorando aceptar el dinero que le ofrecen por irse, 3.000 euros, y buscar otro sitio. Su marido trabaja en la construcción, aunque sin compromiso de continuidad, y no tiene ahorros para cubrir los gastos iniciales de un alquiler. Lleva siete años apuntada en las listas de solicitud de vivienda pública, tanto del Ayuntamiento (EMVS) como la Comunidad (AVS).
El reclamo de las empresas desokupas es común a todas ellas: en sus páginas web resaltan la lentitud de la justicia en resolver las denuncias por usurpación o conflictos de morosidad y se ofrecen como alternativa de mediación para que los propietarios recuperen los inmuebles con compromisos de solución de 24 hasta 72 horas máximo. Utilizan lenguaje habitual de márketing para presentarse. “Contamos con un equipo multidisciplinar integrado por abogados, procuradores, mediadores y desocupadores o agentes de campo que actúan de manera coordinada”, se puede leer en una de ella. Estos últimos son, en su mayoría, ex boxeadores, como se muestra en el espacio destinado a presentar los currículos de sus trabajadores.
La explicación de sus sistemas de mediación les permite ampararse en la legislación española: hablan de controles de acceso, esto es, la ocupación de zonas comunes, salidas y entradas con personal que impide acceder a las viviendas, de acuerdos de abandono pactados y firmados a través de la insistencia y la negociación de pagos que definen como “ayuda habitacional” o “intervención social”, siempre al margen de la actuación del sistema judicial.
Más Información
A Laura, de 24 años y con tres hijos, se lo dejaron claro hace dos semanas en un mensaje de Whatsapp: “Yo no soy el Ayuntamiento para ofrecerte un alquiler social o dejarte vivir hasta la fecha del juicio, o te vas o te ponemos un perro en la puerta”. Llevan desde el 1 de agosto, fecha de la última visita de Bastión Desokupación. Viven un piso de Usera que ocuparon a principios de junio, igualmente propiedad de Clikalia. Su familia cuenta con un presupuesto de 550 euros al mes, 340 de Renta Mínima de Inserción más 200 euros de su pensión de orfandad.
“Entretengo a los niños como puedo, (de 6, 4 y 2 años) y me paso el día mirando por la ventana y por la mirilla. Veo a un hombre con una mochila y creo que vienen a por nosotros”, asegura por teléfono. La última vez llamó al 091, pero no denunció. “Fueron muy amables conmigo, me dijeron que si vuelven a venir les llame de inmediato”. De momento, no han vuelto.
Estas empresas no son fáciles de contactar. Tras un correo electrónico de petición de información sobre sus servicios, intentan no dejar nada por escrito. “Como usted puede comprender, estas cosas se tienen que hablar. Así escrito yo no sé con quién hablo, los siento muchísimo”, es la respuesta de una de ellas. Otras insisten en mantener conversaciones telefónicas.
Las tarifas según explican algunos responsables a portales inmobiliarios o blogs de empresas de alarmas, rondan los 2.500 o 3.000 euros por servicio.
