El ozono troposférico, un contaminante especialmente complejo y el más extendido en España, continúa su caída en barrena desde que comenzó la pandemia. Desde principios de año, 1,4 millones de españoles han respirado aire con niveles peligrosos de este gas ―teniendo en cuenta los límites permitidos por la Unión Europea―, una cifra muy alejada de los 9,6 millones de antes de la pandemia e incluso tres millones menos que el año pasado, cuando se decretó el confinamiento.
Si se toman los baremos que maneja la Organización Mundial de la Salud (OMS), mucho más estrictos, el escenario se ennegrece: las personas expuestas a ese aire insano se disparan hasta los 34,6 millones, un 73% de la población, lo que también supone una bajada de entre dos y siete millones de personas con respecto a años anteriores al virus. El ozono troposférico es un potente oxidante que produce afecciones en los pulmones, agrava el asma, incrementa la mortalidad de enfermos crónicos y produce dolor de cabeza y fatiga, entre otros efectos adversos en la salud.
En el declive “ha influido que han continuado existiendo restricciones de tráfico y ha habido menos actividad industrial, además de que el verano fue menos caluroso que otros años”, explica Miguel Ángel Ceballos, de Ecologistas en Acción. El ozono aparece en primavera y en verano porque para formarse necesita radiación solar, junto a otros contaminantes que se denominan precursores y que emiten los automóviles (el dióxido de nitrógeno es el principal), las grandes centrales termoeléctricas, actividades industriales o la ganadería intensiva. Con estos antecedentes, no es extraño que sus niveles hayan caído en un escenario con restricciones de movilidad debido al virus, lo que demuestra la conexión entre la producción de este gas y las emisiones contaminantes. Lo que no esperaban los conservacionistas es que una vez levantadas las medidas de contención de la covid, el ozono se redujera todavía más.
Han continuado existiendo superaciones del umbral en el que hay que informar a los ciudadanos, pero se han quedado en el medio centenar, y únicamente ha subido por encima del límite de alerta en Tarragona. Es la cifra más baja desde que “existen registros sistemáticos de este contaminante, en los inicios de la década de 1990″, indica el informe de los ecologistas. Los territorios más afectados se distribuyen en la Comunidad de Madrid, el interior de Cataluña y la Comunidad Valenciana, la ciudad de Cáceres y la zona industrial de Puente Nuevo, al norte de Córdoba. El ozono tiene otra peculiaridad. No es un gas estático. Se produce en las zonas donde se emiten las sustancias que lo originan, pero luego se desplaza y afecta con más virulencia a las áreas suburbanas y rurales a sotavento de grandes aglomeraciones urbanas.
Ecologistas en Acción advierte de que hasta la fecha son muy pocos los territorios que cuentan con protocolos de actuación frente a esas puntas de ozono, y solo el Ayuntamiento de Valladolid “contempla y aplica medidas de limitación de tráfico” en esos momentos. Una decena de comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Valencia, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco) siguen sin elaborar planes de mejora de la calidad del aire, a pesar de ser preceptivos. El Ministerio para la Transición Ecológica tampoco ha elaborado el Plan Nacional de Ozono Troposférico, en el que se escudan muchos gobiernos regionales para acometer las reformas que ellos tienen pendientes, advierten los conservacionistas.
Solo hay un camino para poner coto al contaminante: reducir el tráfico, mejorar el transporte por ferrocarril o el ahorro y la eficiencia energética, entre otras medidas, sostiene la ONG. Además, es necesario ampliar la información científica disponible sobre la dinámica del gas, aunque esta circunstancia “no puede servir de
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