La inquietud de Bruselas ante la propagación del programa de espionaje Pegasus aumenta por momentos. El Parlamento Europeo ha ofrecido este jueves un chequeo de los teléfonos móviles a los 705 eurodiputados que componen el pleno. El programa de revisión, que correrá a cargo de los servicios de informática de la eurocamara, se pone en marcha 24 horas después de que el eurodiputado Carles Puigdemont, en compañía de otros dirigentes independentistas catalanes, denunciase en Bruselas el espionaje al que fueron sometidos 63 políticos y activistas vinculados al procés.
La revisión de los terminales móviles de los eurodiputados ha sido una iniciativa al más alto nivel, impulsada por la presidenta del Parlamento Europeo, la popular Roberta Metsola, y por el secretario general de la institución, Klaus Welle. Los técnicos de la eurocámara someterán a un escrutinio de una media hora a los móviles de los eurodiputados que lo deseen. Los técnicos advierten que en función del resultado de ese rastreo inicial “podría ser necesario con un análisis de seguridad detallado que requeriría más tiempo”.
El Parlamento también puso en marcha este jueves una comisión de investigación sobre el uso de Pegasus, un programa informático de vigilancia desarrollado por la empresa israelí NSO y que, en principio, solo puede ser adquirido por autoridades gubernamentales. La creación de ese foro de investigación se había decidido antes de que estallase el llamado Catalangate.
La eurodiputada liberal Sophie in ‘t Veld, que será la ponente del informe de la comisión de investigación, considera gravísimo el escándalo Pegasus: “Tenemos fuertes indicios de que periodistas, activistas y miembros de la oposición democrática están siendo apuntados” por el programa de espionaje. La eurodiputada considera que la sospecha de que algunos gobiernos europeos incluso podrían estar utilizando esta herramienta para espiar a ciertos comisarios europeos no hace sino agravar la situación.
Tanto el Gobierno polaco como el húngaro están en el punto de mira por su presunto uso de Pegasus. Y entre los comisarios que podrían haber sido espiados se encuentra el de Justicia, Didier Reynders, con el que Varsovia y Budapest mantienen un choque frontal por las investigaciones de Bruselas sobre el deterioro del Estado de derecho y de libertades fundamentales en Polonia y Hungría.
La comisión parlamentaria se encargará de investigar durante 12 meses “el alcance de las supuestas infracciones o casos de mala administración en la aplicación del derecho de la Unión que resulten del uso del programa espía de vigilancia Pegasus”, según la decisión del pasado 10 de marzo que creó el nuevo foro.
Los parlamentarios, según la citada decisión, intentarán “recopilar información sobre la medida en que los Estados miembros, incluidos, entre otros, Hungría y Polonia, o terceros países recurren a una vigilancia intrusiva que vulnera los derechos y libertades reconocidos en la Carta [de los derechos fundamentales de la UE] y evaluar el riesgo que ello supone para los valores reconocidos en el artículo 2 del Tratado de la UE”.
La alusión a una posible vulneración de la Carta y al artículo 2 sienta las bases para que un posible uso fraudulento de Pegasus pueda esgrimirse como causante o agravante para aplicar el artículo 7 del Tratado, que permite suspender en tal caso el derecho de voto de un socio en el Consejo de la UE. Hungría y Polonia ya están sometidos a ese tipo de expediente.
Pero el escándalo del Catalangate muestra que el uso de Pegasus podría estar más extendido en la UE de lo que se pensaba. Y la investigación parlamentaria probablemente apuntará también hacia España, máxime cuando uno de los 38 miembros de la comisión es la eurodiputada de los Verdes Diana Riba. Riba, que ocupa la vicepresidencia de la comisión, es una de las 63 personas que fueron espiadas en España, según el informe Catalangate elaborado por Citizen Lab, un grupo de expertos en ciberseguridad de la Universidad canadiense de Toronto.
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