Los partidos Nacional de Escocia (SNP) y el Verde escocés alcanzaron este viernes un pacto de gobierno. Que reafirma el programa independentista de ambas formaciones. Y refuerza su objetivo de convocar un referéndum sobre la relación con el resto del Reino Unido en menos de cinco años. Los líderes de ambos partidos —Nicola Sturgeon, dirigente y jefe del Ejecutivo nacionalista; y los co-dirigentes Lorna Slater y Patrick Harvie— anunciaron su histórico pacto en Bute House, la residencia oficial de la ministra principal.
El pacto, que han de refrendar las respectivas formaciones, se queda corto como una coalición formal, pero cede a los Verdes la responsabilidad de dos carteras ministeriales. Sería la primera ocasión que el movimiento ecologista esté representado en un gobierno del Reino Unido, tanto central como autonómico. El SNP también compartiría poder por primera vez en sus 14 años al frente del gobierno escocés. En ese periodo ha gobernado con mayoría absoluta en la legislatura de 2011. Cuando Alex Salmond estuvo al frente hasta su dimisión después de la victoria unionista en el referéndum soberanista de septiembre de 2014.
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Los Verdes han apoyado los gobiernos minoritarios del SNP, pero ahora entran en el Gabinete autonómico. “Es un nuevo enfoque en la política. Somos dos partidos diferentes y conservaremos nuestras voces distintivas. No es una coalición en el sentido tradicional y trabajaremos en los puntos comunes”, señaló Harvie, antes de reafirmar el compromiso electoral de convocar un referéndum independentista cuando en el país emerja de la pandemia del coronavirus.
Sturgeon, a su vez, garantizó un programa de gobierno dirigido a una posible independencia y que “ofrezca al electorado el derecho a decidir el futuro en un referéndum”. El SNP se quedó corto por un escaño de la mayoría en el Parlamento de Holyrood en las elecciones autonómicas del pasado mayo. Y el contrato sellado con los también independentistas verdes podría reforzar el frente del Ejecutivo de Edimburgo en la inevitable batalla con Westminster.
El primer ministro Boris Johnson rechaza autorizar la transferencia de poderes que permitiría celebrar un referéndum consensuado y legítimo, en términos similares al de 2014. El líder conservador reitera que no es el momento de enzarzar a las naciones británicas en una disputa constitucional durante la crisis de la Covid-19 de igual forma que su antecesora, Theresa May, justificó su negativa en la incertidumbre y tensión de las negociaciones del Brexit, que acabaron con su mandato.
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Sturgeon ha retrasado el prometido plebiscito —el llamado IndyRef2— para mediados de la presente legislatura, es decir, antes de finales de 2023. Su equipo baraja la opción de retar en los tribunales escoceses el derecho de Holyrood a preparar y gestionar la consulta separatista. En ese escenario, y sin un acuerdo de última hora entre Londres y Edimburgo, es muy probable que la causa concluya en el Supremo del Reino Unido.
Mientras, la ministra principal afronta el curso político con sus aliados verdes en el gabinete. Ambas partes se han comprometido a respetar la disciplina colectiva y han aprobado un plan de gobierno con el foco en las áreas de transporte, vivienda y energía renovable. El pacto incluye la voluntad de “acelerar la transición” a cero emisiones de gases invernadero al tiempo que la cumbre del cambio climático COP26 tendrá lugar en Glasgow durante tres semanas a partir del 31 de octubre.
Los tres dirigentes esquivaron un evidente conflicto de intereses, que subrayaron los medios durante la conferencia de prensa en Bute House. El petróleo del Mar del Norte fue un as en la campaña del primer referéndum independentista y Sturgeon mantiene una posición ambivalente sobre la exploración de hidrocarburos en proyectos cuya licencia está en suspense. Este es el caso del yacimiento de Cambo, próximo a las islas Shetland, que sus propietarios quieren reactivar. “No es una competencia del Gobierno autonómico”, zanjó la colíder Verde, pasando la contaminante pelota al Ejecutivo central y al primer ministro Boris Johnson.
