La impresión de que la Unión Europea es una marioneta impotente frente a dirigentes hostiles como Viktor Orbán o Jaroslaw Kaczynski es poco más que un espejismo. Bruselas dispone de poderosos instrumentos, políticos y económicos, para evitar que Budapest o Varsovia pongan en peligro la integridad de la UE o vulneren los derechos de millones de ciudadanos y empresas.
Una advertencia que en el caso de Hungría y Polonia puede traducirse en la pérdida de miles de millones de euros en los que Fidesz y PiS, los partidos de Orbán y Kaczynski, cimentan gran parte de su éxito electoral.
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El arsenal de la Comisión incluye desde sanciones multimillonarias por incumplimiento de directivas o sentencias europeas al recorte de fondos si se fragiliza el Estado de derecho. Los procedimientos de infracción iniciados por la vulneración de derechos de ciertos ciudadanos (la comunidad LGTBI es la última víctima), por atentar contra la libertad de expresión o por socavar la independencia judicial, parecen inofensivos, pero están acorralando a unos Ejecutivos que afrontan una resistencia interna creciente y un aislamiento exterior cada vez más evidente. Todos esos expedientes pueden desembocar ante el Tribunal de Justicia europeo y desencadenar sanciones multimillonarias en caso de que los Gobiernos persistan en sus políticas.