La política italiana ha convertido la justicia en el principal caballo de batalla de los últimos 30 años. El debate sobre el poder que entraña, la velocidad de los procesos, la dureza de las penas y el control que ejerce sobre la clase política y la corrupción han dado a luz los principales fenómenos surgidos en las últimas décadas. Desde La Liga Norte a Silvio Berlusconi, pasando por el Movimiento 5 Estrellas.
Italia se divide desde entonces en dos categorías algo absurdas: los justicialistas y los garantistas. Y nadie ha logrado jamás poner de acuerdo a todos los partidos sobre cómo afrontar la cuestión. El Ejecutivo de Mario Draghi, sin embargo, se dispone a comenzar una gran reforma que tocará temas cruciales como la prescripción de los delitos, la radical disminución de las penas de cárcel o el poder desmedido del Consejo Superior de la Magistratura (CSM).
Más información
La reforma es una exigencia periódica de la Unión Europea en la última década y que ahora se ha hecho inevitable como condición a la entrega de los fondos del Plan de Recuperación. En Bruselas preocupan especialmente los tiempos de la justicia. Los recursos en segundo grado se demoran de media 851 días (la media europea es de 155) y los expedientes atrasados, según los datos de 2019, eran 260.946.
Para el recurso en segundo grado, según los datos del presidente del Tribunal Supremo italiano (tercer grado), Pietro Curzio, los tiempos se alargan a 1.038 días. Todo ello pretende la ministra de Justicia, Marta Cartabia, debería agilizarse con más medios y procesos más simples. Pero, sobre todo, con el elemento clave que explica la política de los últimos 30 años: el debate sobre la prescripción.
