El Frente Polisario ha descrito este viernes en términos épicos la “gran victoria que suponen para el pueblo saharaui” las sentencias del Tribunal General de la Unión Europea que el miércoles anularon los acuerdos comerciales y de pesca con Marruecos. Una “batalla homérica” –en palabras de Manuel Devers, del equipo jurídico ante la UE del Frente Polisario– entre el David de un pueblo “ocupado, refugiado y colonial” frente al Goliat de las instituciones comunitarias.
La anulación de unos acuerdos
Según los jueces europeos, obviaron el requisito imprescindible del consentimiento del pueblo saharaui para la explotación de sus recursos no se queda, sin embargo, en esos fallos judiciales, explicó el abogado en una rueda de prensa en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. El Frente Polisario estudia ahora reclamar daños y perjuicios a la Unión Europea por los tratados anulados. El representante de la organización ante la UE, Oubi Bucharaya, confirmó que están “estudiando esa posibilidad”.
De acuerdo con los cálculos del Polisario y de su equipo jurídico, ese perjuicio se eleva ya al menos a 1.000 millones de euros, contando con los dos años transcurridos desde la rúbrica en 2019 de los dos pactos, el comercial y el pesquero, a razón de unos 500 millones anuales. Aunque ni los representantes del Polisario ni su consejero jurídico desglosaron esa cantidad, en líneas generales corresponde con los datos de la propia Comisión Europea que, en 2019, elevó el coste de sus importaciones de productos agrícolas y pesqueros con origen en el Sáhara a 435 millones de euros.
El pescado saharaui exportado por Marruecos no incluye las capturas de la flota europea autorizada a faenar por el tratado de pesca. Las licencias y otros conceptos de ese pacto le valen al reino alauí una contrapartida económica adicional de 52 millones de euros anuales. El grueso de las capturas de los 128 barcos europeos ―entre ellos 93 españoles― en virtud del tratado procede de los caladeros saharauis: el 92%. Tanto los productos agrícolas como el pescado, independientemente de su origen en territorio marroquí o saharaui, entraban en Europa sin pagar aranceles –con alguna excepción– y con una única etiqueta que situaba su origen en Marruecos.
Recurso
Tras las sentencias de esta semana, tanto las exportaciones marroquíes de productos saharauis, como el pescado capturado en sus aguas por las flotas europeas, entrarán en la Unión de forma “ilegal”, precisó Manuel Devers. El jurista recalcó que, incluso si el tribunal ha dado dos meses a las partes para recurrir la sentencia, periodo en el que los barcos podrán seguir faenando, sus capturas y los certificados de origen que permiten la entrada y comercialización del pescado en la Unión Europea no por ello serán legales, pues esos documentos estarán firmados por Marruecos.
Esto abre la puerta, sostuvo el abogado, a que el Polisario reclame la incautación judicial del pescado. Bucharaya precisó, sin embargo, que esta posibilidad no está aún sobre la mesa y que su organización quiere “ayudar a los pescadores españoles”. “La UE y los Estados ya saben a quién se tienen que dirigir si quieren negociar licencias de pesca en aguas saharauis”, zanjó.
En tres sentencias sucesivas, entre 2016 y 2018, los tribunales de la UE ya habían establecido que el Sáhara Occidental ―inscrito desde 1963 en la lista de territorios no autónomos, pendientes de descolonizar, de Naciones Unidas― no forma parte de Marruecos de acuerdo con la legalidad internacional. Los jueces fallaron ya entonces que para que ese país pudiera explotar los recursos naturales de la excolonia española, era necesario el consentimiento del pueblo saharaui a través de la única organización a la que la ONU reconoce ―en sendas resoluciones de su Asamblea General de 1979 y 1980― como su único representante: el Frente Polisario.
El Gobierno español
ha anunciado que pedirá a las instituciones europeas que recurran ante el Tribunal de Justicia de la UE la anulación de los acuerdos comercial y pesquero con Marruecos, según fuentes gubernamentales. España se personó en ambas causas en apoyo de Rabat, representada por la abogada del Estado Sonsoles Centeno Huerta, junto a las instituciones europeas (Consejo y Comisión), Francia y sindicatos y cámaras de comercio marroquíes. Ahora, también podría recurrir ambas sentencias a través de la Abogacía del Estado. Sin embargo, el coste político y la erosión frente a la opinión pública española de recurrir en solitario los fallos contra Marruecos sería mayor que si el Gobierno se limita a secundar un recurso de las instituciones europeas. Las posibilidades de prosperar de esa acción judicial son además escasas a la vista de las sucesivas sentencias de los tribunales europeos desfavorables para Rabat en esta cuestión.
