El problema en torno a la escalada por el precio de la luz ha llevado este viernes a PSOE y Unidas Podemos (UP) a presentar una iniciativa conjunta, después de días de desencuentros públicos. Alejados respecto a las medidas para abordar la subida desbocada de la factura, los dos socios de Gobierno se han puesto de acuerdo para registrar en el Congreso una comisión no permanente para estudiar el precio de la luz y mejoras en el sistema eléctrico.
Según fuentes de UP, el organismo tiene como objetivo también analizar propuestas orientadas al diseño de un modelo que “concilie la sostenibilidad ambiental con la justicia social y la competitividad de la economía española”.
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La propuesta para la creación de la comisión, a la que ha tenido acceso en el paìs, recoge que los trabajos se centrarán, entre otros, en evaluar la repercusión real que tiene tanto para la ciudadanía como para las pequeñas y medianas empresas el aumento del precio de la electricidad y estudiar vías para su reducción; analizar las medidas precisas para amortiguar el impacto de la volatilidad de los precios en el mercado mayorista sobre la factura; estudiar las modificaciones necesarias en el régimen jurídico aplicable a las diferentes formas de generación eléctrica. Realizar propuestas adicionales para diseñar un sistema eléctrico basado en las fuentes de energía renovables o valorar medidas para promover la eficiencia energética. El organismo estará compuesto por dos representantes de cada grupo y el plazo para el desarrollo de los trabajos será de seis meses.
La iniciativa llega tan solo un día después de que Unidas Podemos haya registrado de manera unilateral en la Cámara baja su proposición para la creación de una empresa pública de energía tras la negativa de la vicepresidenta Teresa Ribera y del propio presidente, Pedro Sánchez, a fijar un precio para la energía nuclear y un máximo para la hidroeléctrica mediante real decreto ley. Preguntada por si consideraba un acto desleal no haber avisado al PSOE antes de su presentación, la vicepresidenta Yolanda Díaz, máxima dirigente de UP en el Gobierno de coalición, ha señalado este viernes durante una entrevista en Radio Euskadi que los grupos parlamentarios “tienen dinámicas propias”, aunque ha reconocido que “hay que cuidar la coalición” y “mejorar todos los mecanismos de convivencia”.
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PSOE y Unidas Podemos firmaron en enero de 2020. Casi dos meses después de que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias alcanzaran un acuerdo para el Gobierno de coalición, un protocolo para comprometer su lealtad. Entre otras, exigía el “acuerdo de ambas partes” para presentar iniciativas parlamentarias.
Tras acudir a un acto en Vitoria, la vicepresidenta ha insistido en que “sobran los ruidos”. “Es legítimo que los ciudadanos constaten las diferencias entre socios, pero para eso no hay que elevar la voz, sino trabajar y elevar propuestas”, ha manifestado. “Me van a tener de aliada para solucionar los problemas de la gente (…) La vocación es que la coalición dure mucho tiempo”, ha añadido, informa Pedro Gorospe.
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La ministra de Trabajo ha querido también “poner en valor” las medidas tomadas hasta ahora por el Ejecutivo tras la que considera una “gestión nefasta del PP” en materia energética y ha reivindicado la reducción de la fiscalidad tanto en el IVA como en el impuesto de generación eléctrica. Así como la limitación de los denominados beneficios caídos del cielo de las eléctricas o la creación de un fondo de sostenibilidad por un importe de 7.000 millones de euros que incidirá en la factura de la luz.
La propuesta conjunta anunciada este viernes es, en la práctica, similar, aunque no idéntica, a la registrada durante la última semana de agosto por Más País, Compromís y Nueva Canarias para esclarecer las subidas del coste de la energía. Aquellos grupos pedían la creación de una comisión “de investigación”, mientras que en este caso solo es “de estudio”.
Pese a todo, fuentes del grupo parlamentario de Unidas Podemos sostienen que es “importante” también ofrecer “soluciones inminentes a la ciudadanía”, que no puede seguir soportando las constantes subidas del precio de la luz, en un país que cuenta con más de seis millones de personas en pobreza energética. La formación reitera como medidas que podrían llevarse a cabo “de manera inmediata” y “dentro del marco regulatorio europeo” las trasladadas al departamento de Transición Ecológica para establecer un precio fijo al megavatio nuclear y un precio máximo al megavatio hidroeléctrico. El PSOE sostiene que ambas son incompatibles con el derecho comunitario.
