La negociación de la ley de Vivienda se encuentra atascada en su recta final, que inevitablemente excederá la promesa que se hizo a Bruselas de tenerla aprobada este septiembre. Algunas partes de la negociación hablan de “bloqueo” y todas coinciden en los tres puntos que están dificultando el acuerdo: los topes de precios a los alquileres, el uso que se da al parque de viviendas de la Sareb (el banco malo) y la regulación de los desahucios. En este último asunto, la parte socialista del Ejecutivo ha ofrecido a los socios de legislatura reforzar la mediación en los desalojos de familias vulnerables. La propuesta ha sido trabajada por los ministerios de Justicia y de Transportes (el antiguo Fomento, que dirige las políticas estatales en vivienda) y se refiere a desalojos de hogares vulnerables en inmuebles de grandes propietarios.
El borrador que llegó al Congreso recogía la posibilidad de que el juzgado, en esos supuestos, suspendiera el procedimiento hasta cuatro meses si apreciaba vulnerabilidad. Pero Podemos y ERC prefieren copiar en la futura norma estatal lo que ya se ha legislado en Cataluña: que los grandes propietarios (los que tienen más de 10 inmuebles) tengan la obligación de ofrecer un alquiler social antes de presentar una demanda de desahucio. La parte socialista del Ejecutivo ve problemática esa solución. De hecho, se recogía en un decreto de la Generalitat de 2019 que fue tumbado judicialmente. Luego el Parlament aprobó una ley, apoyada por el PSC, que está siendo revisada por posible invasión de competencias.
En su lugar, lo que la parte socialista del Ejecutivo ha ofrecido es la obligatoriedad de acudir a un procedimiento de mediación y arbitraje previo a la denuncia. Este proceso se haría a través de las comunidades autónomas y solo en caso de no prosperar permitiría iniciar la vía judicial, que a su vez contemplaría un segundo arbitraje. “Si con la primera mediación no se resuelve el problema, al menos la Administración tiene conocimiento de la situación mucho antes del desahucio”, indica una fuente conocedora de la propuesta. En el Ministerio de Transportes recuerdan que en el actual plan estatal de vivienda hay un programa “prioritario” que permite a las comunidades disponer de dinero para estas situaciones. Es decir, que la Administración podría pagar una parte del alquiler a la familia vulnerable para evitar el desalojo.
En Transportes creen que se trata de una propuesta aceptable para sus socios y que “hace un equilibrio entre el derecho de propiedad, la tutela judicial efectiva, la atención a los vulnerables y la acción que debe llevar a cabo la Administración”. Pero en Unidas Podemos razonan en sentido inverso que su solución también es admisible para los socialistas. “Queremos que se convierta en estructural la protección a los vulnerables sin alternativa habitacional”, señala una fuente del Ministerio de Derechos Sociales. Es decir, prolongar de alguna manera lo que se ha hecho durante la pandemia, con una moratoria para determinados desahucios que está en vigor hasta el 31 de diciembre. En el PSOE aducen que su idea cumple ese objetivo. Pero cualquier cosa que afecte a desahucios, como se ha visto en la polémica por los procedimientos penales (a los que en el proyecto de ley apenas se hacía mención), es material inflamable entre los dos socios de Gobierno.
415 enmiendas
El proyecto de Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda fue enviado al Congreso el pasado febrero. Tras salvar una enmienda a la totalidad, lo que hubiera dejado la norma en vía muerta, con un acuerdo de última hora con ERC, se inició una ardua negociación parlamentaria. De las 866 enmiendas presentadas, unas 550 llegaron por parte de los socios de legislatura, incluyendo algunas de Unidas Podemos pese a que uno de los ministerios que encabezan, el de Derechos Sociales, es coproponente del proyecto. Actualmente, señalan en Transportes, se han aceptado o transaccionado 415 enmiendas. Y se ha superado el que parecía el principal bache con ERC: la garantía de que no se afectará a competencias autonómicas. Pero eso no impide otros escollos y de hecho casi todos los socios de legislatura han mostrado su apoyo esta semana a un acto de protesta de los sindicatos de inquilinos, la plataforma de afectados por la hipoteca (PAH) y otras organizaciones muy críticas con el texto del proyecto de ley.
Los socios del PSOE también quieren que se recupere el espíritu de la legislación catalana de regulación de rentas (derogada por el Constitucional) con un control de alquileres universal en las denominadas áreas tensionadas de precios. Este asunto fue uno de los más espinosos en la elaboración del anteproyecto y se resolvió con un delicado equilibrio: en esas zonas (que de facto las declaran las comunidades, lo que dificulta que se aplique en territorios gobernados por el PP), las empresas grandes propietarias de vivienda estarían sujetas a límites de precios mientras el resto de caseros tendrían que congelar los importes y recibirían bonificaciones fiscales en caso de bajar los precios voluntariamente.
En el PSOE han aceptado ya que el control afecte a todos los grandes propietarios (aunque sean personas físicas y no empresas), pero insisten en dejar la norma como está para los pequeños. Otra cesión ha sido rebajar a 12 meses la moratoria para la aplicación de los controles de renta, algo que según Transportes obedece a “cuestiones técnicas” porque es necesario elaborar un índice de precios efectivo. Hasta ahora la vacatio legis era de 18 meses, pero el resultado es el mismo: impediría ver en esta legislatura controles de alquileres a grandes caseros.
Pisos sociales
Sobre el último asunto espinoso, el de los pisos en propiedad de la Sareb (que desde el pasado abril pasó a estar controlada por el Estado), Podemos insiste en transferir todas sus viviendas al parque público de alquileres. Las citadas fuentes de Transportes apuestan por hablar sobre la orientación del banco malo en otros foros. “No puede ser una carga más para la ley de vivienda”, argumentan.
Como sea, todo deberá decidirse en un diálogo que apura plazos y volverá a coincidir en el tiempo con la negociación de los Presupuestos, que en el pasado ha sido una palanca importante para hacer avanzar las posturas en la materia. Lo que está claro es que ya no se cumplirá lo prometido a Bruselas: que la norma estaría aprobada este septiembre. Aunque en eso hay coincidencia y ni en el PSOE ni en Podemos creen que eso vaya a complicar la recepción de fondos europeos.
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