Un día antes del homicidio de Raymundo Isidro Castro, alias el Ray, en un motín dentro del penal de Atlacholoaya, municipio de Tlayacapan, se había suscitado una riña que presuntamente inició por “el robo de unos tenis” y dejó un saldo de un muerto y seis heridos.
La mañana de ese 29 de octubre de 2019 salió bien librado quien fuera el jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Morelos y uno de los tres capos del narcotráfico retratados junto al gobernador Cuauhtémoc Blanco.
No corrió con la misma suerte al día siguiente, cuando fue asesinado “con brutal ferocidad”, junto a otros cinco internos, en un motín de alrededor de 200 reos de los dormitorios cuatro y nueve.
De acuerdo con la Recomendación CDHM/SE/VEAP/061/025/2019 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM), en poder de este medio, las autoridades penitenciarias cometieron una serie de omisiones graves que derivaron en la riña del 29 de octubre y el motín del día siguiente en el Centro de Reinserción Social “Morelos”, también conocido como penal de Atlacholoaya.
“Queda confirmada la falta de implementación de medidas preventivas tendientes a evitar hechos violentos como los ocurridos los días 29 y 30 de octubre de 2019, así como la mala supervisión y aplicación de los protocolos en materia de seguridad por parte de Directivos, Custodios y personal encargado de la vigilancia al interior del centro”, se lee en la recomendación de la CDHM.
En el expediente se constata que el día en que el Ray fue asesinado, el estado de fuerza al interior del penal era de 95 elementos en el primer turno y 97 durante el segundo para vigilar a aproximadamente dos mil 282 reos, “de lo que se desprende que de acuerdo al primer turno en el que ocurrieron los hechos, la proporción de elementos de seguridad y custodia respecto de personas privadas de la libertad era de 1 a 24, situación que hace materialmente imposible la vigilancia y custodia de las mismas”.
De acuerdo con estándares internacionales, al interior de las cárceles debe haber entre una y no más de tres personas recluidas por cada funcionaria o funcionario de seguridad.
La Comisión también pudo constatar la presencia de objetos punzocortantes y sustancias prohibidas al interior del penal sin que las autoridades del centro los confiscaran después de los hechos violentos.
“Resulta preocupante para este organismo… que no se confiscaron objetos prohibidos a las personas privadas de la libertad después de los incidentes suscitados; siendo que en los informes médicos y en las necropsias se señala que la gran mayoría de las heridas que presentaban tanto las personas lesionadas como las fallecidas, provenían de armas blancas u objetos punzocortantes y punzantes”, destaca el documento.
Un diagnóstico realizado por la misma comisión en 2019 daba cuenta que en dicho penal persistían prácticas de autogobierno, clasificación inadecuada, nula separación entre grupos antagonistas y posesión de sustancias y objetos prohibidos. Las autoridades penitenciarias, sin embargo, optaron por dar la espalda a estos signos de alerta.
Durante el desarrollo de las investigaciones también se advirtieron conductas por parte de las autoridades penitenciarias tendentes a impedir o retrasar las actuaciones de la CDHM, así como inconsistencias, contradicciones y dilaciones en sus informes rendidos.
Un caso que ejemplifica esto fue la respuesta de la entonces directora de Centros Penitenciarios, Miriam Mireles Toledo, al Visitador Especializado en Sistema Penitenciario de la Comisión el día que estalló la primera riña dentro del penal: “todo tranquilo”, “sin novedad”, le dijo.
A pesar de que la Recomendación fue aceptada, a más de dos años de estos hechos, ni la Comisión Estatal de Seguridad Pública, a cargo del almirante José Antonio Ortiz Guarneros, ni la Dirección General de Centros Penitenciarios de la entidad, encabezada por Jorge Israel Ponce de León, le han dado cumplimiento.
LA MUERTE DEL RAY
En dos horas y media (de las 8:30 hasta las 11:00 horas), el 30 de octubre de 2019 los grupos antagónicos al interior del penal de Atlacholoaya masacraron a seis reos con –según describe la CDHM– “un profundo desprecio a la vida humana”.
Raymundo Isidro Castro aparece en la tercera casilla del informe de víctimas. En la fila que corresponde a las “causas de muerte”, el diagnóstico dice:
“Laceración cerebral por contusión encefálica hemisférica derecha, secundaria y consecutiva a traumatismo craneoencefálico, lo que se clasifica de mortal. Se producen cuando un objeto sólido, duro de bordes de romo, en movimiento, percute (golpea) el cuerpo de la víctima”.
Las heridas por instrumento punzocortante y cortante –añade la necropsia–, “se producen cuando un objeto sólido con punta y filo, en base a la presión y deslizamiento del filo, y la introducción de una punta y filo, separa los tejidos corporales de la víctima, dando origen a las heridas”.
El Ray, oriundo de Acapulco, Guerrero, fue considerado por las fuerzas de seguridad estatal y federal como uno de los principales criminales que generaron la grave crisis de seguridad en Morelos, así como autor de decenas de asesinatos y desapariciones en los municipios del centro y sur de la entidad.
Apenas ayer, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos requirió a la CDHM la entrega del expediente que integró el organismo tras la riña-motín registrada en el penal de Atlacholoaya.
Con información de Saúl Hernández y Miberva Delgado / El Sol de Cuernavaca
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