La derrota de la propuesta a la nueva Constitución de Chile golpea al feminismo. El texto presentado y rechazado por la mayoría de chilenos (61,87%) fue construido por el primer órgano paritario del mundo y la perspectiva feminista atraviesa todo el documento constitucional. María Ramona Reyes Painequeo, del Partido Socialista de Chile y representante de Los Ríos en la Convención Constitucional, fue parte del “sueño”, dice ella, de hacer de la Constitución de su país, una de las más feministas del mundo. “Estoy muy dolida aún. Qué terrible este amanecer”, dice a unas horas del aplastante resultado.
El contenido feminista en el texto estaba explícito en el preámbulo, en nueve de los 11 capítulos, en 41 artículos permanentes y en seis disposiciones transitorias. “Trabajamos mucho más de 50 mujeres, desde el primer hasta el último día, tratando de poner la mirada de género, que al final es la mirada para hacer un país más justo”, señala la exconstituyente.
Es difícil saber cuáles de las propuestas fueron rechazadas porque la pregunta del plebiscito de este domingo era sobre el texto general: se rechazaba todo o se aprobaba todo. El texto proponía que se asegurara la cobertura de las prestaciones a quienes ejerzan trabajos domésticos y de cuidados. En Chile, las mujeres tienen una pensión 34,8% más baja que las de los hombres, según el Informe la Superintendencia de Pensiones, 2021. También estipulaba que las trabajadoras y los trabajadores tuvieran derecho a una remuneración equitativa, justa y suficiente, que asegurara su sustento y el de sus familias. Las mujeres en este país ganan un 28,1% menos que los hombres por el mismo trabajo, según las cifras oficiales.
“Hubo temas que no pudimos explicar en detalle a toda la ciudadanía. La Constitución se redactó en 12 meses y solo tuvimos dos para presentarla. En los temas de derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, no alcanzamos a explicar lo suficiente, y a eso le sacaron provecho quienes promovieron noticias falsas”, dice Reyes Painequeo, que se refiere al artículo 61, en el que se fijaba el deber del Estado de garantizar que todas las mujeres y personas con capacidad de gestar tuvieran las condiciones para un embarazo, un parto y una maternidad voluntarios y protegidos, así como que quien quisiera abortar lo pudiera hacer como un derecho.
En Chile el aborto está penalizado excepto en tres supuestos específicos: peligro de vida de la madre, malformación fetal y violación. Según organizaciones feministas, se estima que al año se realizan entre 60.000 y 300.000 abortos clandestinos en Columna Digital. De haber pasado el texto puesto en votación en el plebiscito, la interrupción del embarazo se habría apartado del debate legislativo y político ordinario, que hasta ahora no ha permitido que haya avances. Fernanda Marín Rey, de la Red de Politólogas, activista feminista por los derechos sexuales y reproductivos, explicaba a este diario hace unos meses que tanto el contenido como la forma en que se incluían estos derechos eran “enormes avances” –tanto prácticos como simbólicos– porque fue un hito construido de forma colectiva.
“Me queda la sensación de que no pudimos hacer mejor sintonía con toda la población. Sobre todo con sectores afines a la Iglesia católica”, reconoce la exconstituyente María Ramona Reyes Painequeo.
Los movimientos sociales, que también fueron clave para la propuesta feminista llevada a votación, decían en una declaración conjunta tras conocerse el resultado del plebiscito que, aunque fue una derrota electoral, no fue la derrota de un proyecto de futuro. “Nos repondremos prontamente, ninguna de las urgencias encuentra respuesta en este resultado (el triunfo del rechazo), el proyecto de nueva Constitución será la hoja de ruta, un piso mínimo de herramientas porque en este camino que hemos emprendido no nos conformamos con menos”, decían en un mensaje replicado por Alondra Carrillo, miembro de la Convención Constitucional y de la Coordinadora Feminista 8M. “Porque no hay forma de detener el río cuando ha encontrado su cauce”, cerraba la declaración del comando de movimientos sociales por el Apruebo.
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