Daniel Ortega y Rosario Murillo han bloqueado la noche de este martes la candidatura presidencial de Cristiana Chamorro, la aspirante opositora que más simpatías genera, según las encuestas, y quien ha provocado temor a la pareja gobernante desde que hizo pública su postulación. El régimen sandinista ha recurrido a una supuesta acusación de “lavado de dinero” para torpedear la participación política de la que fuera directora de la extinta Fundación Violeta Barrios, la ONG que también está siendo señalada en esta causa que vincula a más de una veintena de personas, en su mayoría periodistas.
El Gobierno sandinista prohíbe a Cristiana Chamorro “optar a cualquier cargo público por no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos”, ya que enfrenta un “proceso penal”. El anuncio se dio a conocer a través de un comunicado “aberrante” a todo principio jurídico, de acuerdo con abogados consultados, ya que cercena los derechos ciudadanos de Chamorro sin que exista una sentencia.
El Ministerio Público interpuso acusación formal contra la precandidata por los supuestos delitos de “gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos”. La Fiscalía solicitó medidas precautelares de retención migratoria, prohibición de concurrir a determinadas reuniones y lugares y prohibición de comunicarse con personas vinculadas a los hechos investigados, para la periodista María Lilly Delgado Talavera y los extrabajadores de la Fundación, María Lourdes Arróliga Vanegas y Guillermo José Medrano, también investigados en esta causa.
Walter Gómez y Marcos Fletes, antiguo administrador financiero y excontador de la Fundación Violeta respectivamente, fueron capturados con violencia el pasado viernes por la policía y grupos paramilitares.
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