La solución es una vieja táctica negociadora: mantener viva la llama de la retórica. pero rebajar la tensión con medidas prácticas. El Gobierno de Boris Johnson se aferra a sus proclamas de “soberanía recuperada” en la era pos-Brexit mientras, a regañadientes, se ajusta a lo pactado. Downing Street ya no cuestiona la vigencia del Protocolo de Irlanda ni amenaza con incumplirlo. Se ha limitado a aceptar una nueva prórroga de tres meses para poner a punto los controles aduaneros exigidos. Y el nuevo régimen de ayudas públicas a empresas del Gobierno británico, uno de los mayores puntos de fricción durante años de negociación. Establece suficientes garantías y supervisión sobre el papel como para que Bruselas haya respirado tranquila.
“Queremos usar nuestras libertades recuperadas como país independiente y soberano para que todas las administraciones a lo largo del Reino Unido puedan ofrecer ayuda financiera [a las empresas] sin tener que sufrir una burocracia pesada”, ha anunciado el ministro de Comercio británico, Kwasi Kwarteng, en referencia a la anterior obligación de tener que pasar por el filtro previo de la Comisión Europea (CE) cualquier nueva subvención. La realidad, sin embargo, es algo más prosaica, aunque se presenta como un planteamiento inverso al que regía hasta ahora. Si bajo la normativa comunitaria toda ayuda pública debe contar con autorización previa de la CE. Lo cierto es que hay un generoso Grupo General de Excepciones desde 2008 para incentivar con rapidez el desarrollo regional. La creación de nuevas inversiones o empleo, la protección medioambiental o la promoción de empresas lideradas por mujeres.
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La nueva ley del Gobierno de Johnson. Con la que el Partido Conservador pretende impulsar la promesa electoral de corregir las desigualdades económicas territoriales del Reino Unido. Asume desde un principio que todas las ayudas públicas son legales. Mientras cumplan los objetivos generales de “aportar valor añadido al dinero de los contribuyentes y realizarse de modo rápido y eficaz”.
Y todo será controlado por una nueva Unidad de Asesoramiento en Materia de Subvenciones. Integrada en la actual autoridad británica reguladora de la competencia (Autoridad de Mercados y Competencia), y por los tribunales del Reino Unido. Es decir, justamente lo que se acordó con Bruselas en la recta final de las negociaciones. La UE renunció entonces a su propósito inicial de que Londres siguiera dentro del esquema de control comunitario y se sometiera a la supervisión del Tribunal de Justicia Europeo. Y los primeros compases de la nueva música, de momento, no han activado las alarmas en Bruselas. Que se reserva su última palabra a cuando concluya el trámite legislativo de la ley en la Cámara de los Comunes y se conozcan todos los detalles de la misma.
Prórroga para Irlanda del Norte
En el mismo día en que Londres y Bruselas se disponían a anunciar una solución provisional. Que aliviara la tensión en torno a Irlanda del Norte. El Alto Tribunal de Belfast ha ayudado a dar claridad legal al conflicto. El tribunal ha rechazado el recurso interpuesto por las principales formaciones unionistas. Que querían acabar con el Protocolo de Irlanda acordado entre el Reino Unido y la UE. Frente al argumento de que la decisión de mantener al territorio norirlandés dentro del Mercado Interior comunitario quebraba el Tratado de la Unión de 1800 y el Acuerdo de Viernes Santo de 1998, el juez Adrian Colton ha señalado que “ya había corrido mucha agua constitucional bajo el puente” en más de 200 años, y que los acuerdos derivados del Brexit eran una prerrogativa del Gobierno británico sobre la que los tribunales tenían poco que decir.
Londres y Bruselas
Dispuestos más bien a buscar soluciones prácticas a los problemas creados por los nuevos controles aduaneros que a ceder ante la tensión creada por las organizaciones unionistas. Irlanda del Norte ha vivido recientemente la violencia callejera más grave de los últimos años, y los partidos pro británicos atribuyen interesadamente lo ocurrido al rechazo ciudadano al protocolo. Lo que los tabloides británicos habían bautizado como la “guerra de las salchichas”, por los controles sanitarios añadidos a los productos cárnicos que viajan desde Gran Bretaña a Irlanda del Norte, ha supuesto una delicada crisis interna en el seno del unionismo y un agravamiento de las relaciones entre el Gobierno de Johnson y la UE, como se pudo constatar en la pasada cumbre del G-7 en Cornualles.
Finalmente, Londres y Bruselas han acordado en el último minuto una nueva prórroga de tres meses. De no haber sido así, el empeño unilateral del Gobierno británico de permitir la circulación de determinadas mercancías sin los controles comprometidos hubiera acabado por desatar una guerra comercial entre ambos bloques.
El nuevo periodo de gracia concluirá el 30 de septiembre
“Nuestros objetivos son asegurar la protección de los logros conquistados con el Acuerdo de Viernes Santo: paz y estabilidad en Irlanda del Norte. Evitar una nueva frontera en la isla de Irlanda y mantener la integridad del Mercado Interior de la UE”, ha dicho el vicepresidente de la CE, Maros Sefcovic, al anunciar la prórroga. “No escatimaremos esfuerzos en intentar mitigar algunos de los problemas surgidos durante la implementación del protocolo”.
Era un modo de reconocer que el Reino Unido necesita más tiempo para desplegar de modo eficaz los controles aduaneros y sanitarios a los que se ha comprometido. “No estamos dando un cheque en blanco, esta solución es temporal y con condiciones”, ha advertido Sefcovic. Londres se ha comprometido a garantizar que los productos cárnicos que lleguen a Irlanda del Norte desde el resto de Reino Unido, se destinarán solo a la venta y consumo en esa provincia y en ningún caso podrán entrar al mercado único europeo.
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