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El Salvador es uno de los Estados que mejor representa los procesos de erosión democrática que ocurren en América Latina. Se trata de un fenómeno caracterizado por la concentración del poder (generalmente en líderes populistas), el recorte de las libertades, la reducción de los derechos humanos a meras garantías formales, la cooptación de las instituciones para ponerlas al servicio de un proyecto político o la eliminación de aquellas que se resisten a perder su autonomía e independencia. Ese proceso —que inicia con fenómenos de constitucionalismo abusivo y degenera en regímenes autoritarios— se caracteriza por su lentitud e imperceptibilidad. Esas dos características conducen a que cada uno de sus avances no sea visto en sí mismo como altamente antidemocrático. Sin embargo, cada paso es solo un eslabón de un proceso más amplio y consolidado de destrucción de los cimientos del sistema democrático.
Eso es precisamente lo que ha ocurrido en El Salvador bajo el gobierno de Nayib Bukele. Antes de la pandemia, el presidente de ese país lideró el asalto militar al recinto de la Asamblea Legislativa como un mecanismo para intimidar al Parlamento que se oponía a sus políticas. Durante la etapa más fuerte de la pandemia causada por la covid-19, Bukele utilizó el riesgo de contagio tanto para adoptar restricciones desproporcionadas a los derechos humanos como para abusar de la figura de los estados de excepción. El presidente incluso apeló a expresiones con fuerte connotación represiva cuando le ordenó a las Fuerzas Armadas que doblaran las muñecas de quienes incumplían las medidas de confinamiento decretadas por el Gobierno. Después de la pandemia, ocurrieron las cuestionadas elecciones parlamentarias que dieron la mayoría absoluta al partido de Gobierno (Nuevas Ideas) dentro del órgano legislativo.
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En ese contexto, en El Salvador (como en Brasil) el poder judicial ha actuado como un mecanismo de contención de los procesos de erosión democrática. Sin embargo, ese rol de contención genera fuertes reacciones del poder Ejecutivo. La primera estrategia es intentar cooptar al poder judicial. Sin embargo, cuando este se resiste, se usan los mecanismos legislativos y constitucionales para reformarlo con el objetivo de limitar sus facultades o restringir el alcance de sus decisiones. Finalmente, si la resistencia persiste, se opta por la destitución de sus integrantes o por la eliminación definitiva de las instituciones judiciales.
Esta fórmula es bien conocida en países como Hungría, Polonia o Venezuela. En El Salvador, el presidente comenzó por descalificar a los integrantes del poder judicial que adoptaban decisiones contrarias a sus políticas. Asimismo, incumplió directamente órdenes judiciales que protegían libertades básicas (por ejemplo, el hábeas corpus) o limitaban el margen de actuación de las Fuerzas Armadas para controlar las restricciones impuestas a propósito de la pandemia. Una vez se hizo con la mayoría en la Asamblea, el Gobierno de Bukele escaló su arremetida contra el poder judicial. Por una parte, destituyó a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general. Asimismo, redujo la edad de jubilación a 60 años y el periodo de servicio (30 años) de los jueces. De esa forma, aproximadamente 160 jueces deberán dejar sus cargos próximamente.
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La decisión de separar de su cargo a los jueces mayores de 60 años se suma a una larga lista de violaciones a los derechos humanos. Desde el inicio de su mandato en junio de 2019, la Administración del presidente Bukele ha promovido medidas que lesionan los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, la libertad de expresión y la independencia de los operadores de justicia. Bukele también ha defraudado la confianza de miles de mujeres salvadoreñas que creyeron en su promesa de avanzar en la despenalización de cualquier forma de interrupción del embarazo.
El Gobierno de Bukele ha empeorado el ya lamentable currículum en materia de derechos humanos de El Salvador. Desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Frente de Liberación Farabundo Martí y el Gobierno salvadoreño en 1992, El Salvador ha enfrentado enormes dificultades para la consolidación del Estado de derecho. Después de su visita de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) subrayó que “muchos de los problemas en derechos humanos que afectan al país son estructurales, y varios de ellos se encuentran pendientes desde el conflicto armado”. Desde esa visita de la CIDH, Bukele ya daba señales de su desprecio por las normas internacionales sobre derechos humanos.
Así pues, con las recientes decisiones, El Salvador desciende un peldaño más en su ya muy larga escalera de violaciones a los derechos humanos y sube varios en su camino hacia la consolidación de un sistema autoritario.
María Daniela Díaz Villamil y Jorge Ernesto Roa Roa son profesores de Derechos Humanos del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia y analistas de Agenda Pública.
