México ha alcanzado un tope en la lucha contra el robo de combustible. Al menos eso dicen las cifras de Pemex, empresa estatal que controla la producción de gas y gasolina. Según reportes de la compañía, el país perdió de enero a julio 174,9 millones de pesos por culpa del huachicol, cifra apenas inferior a los 177 millones de pesos de pérdidas por robo sufridas en todo el año anterior.
Igual que en 2020, la mayor cantidad de pérdidas —169 millones este año y 105 el pasado— fueron por robos en la península de Baja California. Por cantidad de tomas clandestinas en los ductos de combustible, los Estados de Hidalgo y Puebla encabezan la lista, situación idéntica a la de hace cuatro años. Guanajuato, Veracruz y el Estado de México aparecen igualmente en los primeros lugares.
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Con todo, las cifras resultan inferiores a las registradas en 2018, año en que el huachicol se convirtió en un verdadero problema para varios Estados, caso de Puebla o Guanajuato, y también para el Gobierno federal, entonces comandado por Enrique Peña Nieto (2012-2018). En ese año, Pemex registró 14.910 tomas clandestinas que le hicieron perder 2.068 millones de pesos.
Los cálculos de las pérdidas dejan de lado el dinero empleado en reparar los agujeros en los ductos o los montos necesarios para mantener operativos de vigilancia en zonas conflictivas. Según los cálculos que divulgó la actual Administración en diciembre de 2018, las pérdidas por el huachicol alcanzaron anualmente los 60.000 millones de pesos, unos 3.000 millones de dólares.
Nada más tomar posesión, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, lanzó una cruzada contra el robo de combustible. En enero de 2019, el mandatario anunció el cierre temporal de varias de las tuberías que distribuyen combustible por Columna Digital. Camiones cisterna sustituyeron a los ductos, una decisión que ralentizó el abasto y dejó sin gasolina a cientos de estaciones de servicio en todo el país.
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López Obrador ordenó al Ejército que acampara literalmente encima de los ductos en alguno de sus tramos, caso por ejemplo de Guanajuato, que en 2017 y 2018 registró casi 4.000 tomas clandestinas. La situación trascendía al robo de combustible, convirtiéndose además en un problema de seguridad pública en algunas regiones, primero por la agresividad de los grupos de ladrones y luego por el riesgo que implica agujerear los ductos.
En esos dos años, últimos de la gestión de Peña Nieto, bandas de ladrones de combustible agujereaban las tuberías de Pemex con total impunidad, convocando a decenas de cómplices con bodegas portátiles, incluso camiones cisterna. En zonas de Puebla, estos robos llegaron a ocurrir a plena luz del día, provocando la reacción de las autoridades. En 2017, cientos de militares llegaron al llamado triángulo rojo del huachicol, al norte de la ciudad de Puebla, para tratar de contener a los ladrones.
El choque entre criminales y militares dejó situaciones inéditas en la región, como balaceras y persecuciones en los pueblos. Fue muy sonado entonces el caso del poblado de Palmarito, un enfrentamiento a balazos entre criminales y uniformados que quedó registrada en cámaras de seguridad de algunas casas del lugar. En las imágenes se observaba el brutal intercambio de balazos y, al final, cómo un militar remataba a uno de los criminales heridos.
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En ocasiones, los agujeros en las tuberías de combustible acababan con cientos de vecinos haciendo cola, cargando cubetas y botellas, tratando de llevarse algo de gasolina gratis a casa. De hecho, el cierre de las tuberías que ordenó López Obrador coincidió con uno de los peores accidentes registrados durante su mandato. El 19 de enero de 2019, una toma clandestina abierta en una tubería en Tlahuelilpan, Hidalgo, se prendió fuego y explotó, acabando con la vida de 137 personas.
La estrategia del presidente surtió efecto y la cantidad de tomas clandestinas registradas cayó en 2019 y aún más en 2020, coincidiendo con la pandemia. Ahora en 2021, parece que la cifra vuelve a crecer. La situación resulta distinta a la vivida en 2017 y 2018. Aunque en algunas regiones, como en el caso de Puebla, el número de tomas clandestinas registradas en los últimos 18 meses es alto, la afectación es mínima. De enero a julio de este año, Pemex contó 1185 agujeros en sus ductos en ese Estado. Las pérdidas ocasionadas ascendían, sin embargo, a poco más de un millón de pesos. En Hidalgo, en el mismo periodo, fueron 2.554 y no se registraron pérdidas.
