El Tribunal de Cuentas ha aprobado en el pleno de esta semana proponer a las Cortes que se modifique la ley orgánica sobre financiación de partidos políticos, tras haber constatado los perjuicios desproporcionados que su aplicación causa en “el caso de pequeñas formaciones políticas, generalmente de ámbito local”. Es la segunda vez que el tribunal solicita esta modificación a los grupos parlamentarios.
El máximo órgano fiscalizador de los fondos públicos subraya la elevada cuantía de las sanciones derivadas de su informe sobre las elecciones municipales celebradas el 26 de mayo de 2019. Dicho informe se aprobó el 25 de enero de 2021 y ha dado lugar a sanciones “en las que se pone de manifiesto una falta de proporcionalidad entre el importe de la infracción cometida y la sanción finalmente impuesta en aplicación del régimen sancionador vigente”.
El tribunal ha hecho hincapié en que la ley establece umbrales mínimos para las multas por las infracciones muy graves, graves y leves, que ascienden a 50.000, 25.000 y 5.000 euros, respectivamente. El pleno constata que “la desproporción que genera la aplicación de estos mínimos resulta especialmente grave en el caso de pequeñas formaciones políticas, generalmente de ámbito local”. Para estas formaciones, el límite máximo de gastos electorales establecido en la normativa es muy reducido, lo que, según el propio Tribunal de Cuentas, “le impide acometer una campaña electoral con garantías suficientes”.
Segundo aviso
El 27 de julio del año pasado, el pleno del tribunal ya aprobó una moción en la que se subrayaba la necesidad de resolver este problema. El primer acuerdo, por tanto, se tomó durante el anterior mandato, y este segundo llega con de la mano del pleno surgido de la renovación pactada por el Gobierno y el PP el pasado noviembre. Una vez constatado que no se han dado pasos para modificar la legislación sobre sanciones, la nueva solicitud dirigida a las Cortes, acordada por el actual Tribunal de Cuentas, incluye la petición de que la modificación legislativa “pudiera entrar en vigor con anterioridad a la fecha en la que, de acuerdo con la normativa electoral aplicable, tenga lugar la convocatoria de las elecciones municipales que se celebrarán el día 28 de mayo de 2023″.
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