Colombia vivió momentos de incertidumbre, y no por la posibilidad de que el candidato Gustavo Petro llegue la Presidencia de la república, sino por la “recomendación” del presidente Duque al Consejo Electoral para que adelantara un reconteo general de la elección a Senado.
A esta exhortación se sumó el registrador, encargado de organizar y dirigir los procesos electorales, quien pidió que se volviera a contar la totalidad de los votos para elegir 100 senadores en una circunscripción ordinaria nacional, además de cinco que proceden de los acuerdos de paz y dos para las minorías indígenas.
Ese pedido, que en un país presidencialista equivale casi a una orden, se justificó en la necesidad de dar confianza a la ciudadanía en el proceso electoral. Sin embargo, la mayoría de partidos políticos, representados en la Comisión Nacional de Garantías Electorales, una instancia consultiva del Gobierno nacional, rechazó la propuesta y reclamó del registrador un mayor compromiso con su gestión institucional.
Podría interpretarse que hubo una coincidencia entre el presidente y el jefe de la organización electoral. Los antecedentes y la pugnacidad electoral indican que no fue así. La “recomendación” de Duque y del registrador se originaron en un trino del expresidente Uribe en el que rechazó el resultado de las elecciones. A esta descalificación se sumó el Centro Democrático, partido de Gobierno que siguiendo el formato de la campaña de Trump pidió un “reconteo general de votos”, porque entre el preconteo y la fase del escrutinio a nivel municipal supuestamente se había producido un fraude que habría favorecido al Pacto Histórico.
En realidad, las cosas sucedieron de otra manera.
Terminada la jornada electoral, desde el Pacto Histórico se señalaron varias inconsistencias en los resultados del preconteo o conteo rápido: las actas de mesa, que recogen los resultados preliminares en 112.000 mesas de votación distribuidas en todo el país, presentaban deficiencias en su diseño pues la bandera o logo de esa coalición se ubicó en la parte inferior de la última hoja de las actas de votación. Esa situación derivó en que la transmisión telefónica de las imágenes de las actas fuera deficiente y a que no se contaran miles de votos depositados para esa agrupación.
Se denunciaron también otras inconsistencias, que 801 mesas de votación no se incluyeron en la división política y administrativa – Divipol -, y que en un sinnúmero casos, por la deficiente capacitación, los jurados duplicaron los apoyos a las listas de voto preferente. Según Petro, esas inconsistencias, que algunos de sus seguidores calificaron como un fraude, arrojaban una diferencia de 500.000 votos que permitiría, como en efecto ocurrió, la suma de tres o cuatro senadores adicionales a los 16 que resultaron del preconteo. Esos errores de gran magnitud fueron corregidos en el proceso de los escrutinios en los niveles distritales y municipales a cargo de jueces, notarios y registradores de instrumentos públicos, designados por los tribunales superiores.
Pero, mientras los cambios en la etapa de los escrutinios tranquilizaron a los votantes del Pacto Histórico, el uribismo y el Centro Democrático, alegaron un fraude, promovido por el candidato Petro. De allí surgió la idea del reconteo general. Esta figura no está contemplada en la legislación electoral, ni el Consejo Nacional Electoral tiene las facultades para ordenar una medida de esa envergadura. La sala electoral del Consejo de Estado ha dicho que la intervención del Consejo Electoral en cualquiera de las etapas del escrutinio debe respetar el principio de preclusividad y está sujeta una ley con mayorías calificadas que aún no se ha expedido.
En la práctica, la “recomendación” presidencial, repicada por el registrador, implicaba dejar sin efecto las reglas del escrutinio y constituía una burla a la actividad desplegada por los jueces en la fase de los escrutinios municipales. Un salto al vacío, con unas consecuencias imprevisibles en un país con altos niveles de violencia política aún no superados.
El ministro del Interior y el registrador desistieran rápido y a regañadientes, pero generaron una verdadera tormenta para satisfacer los reclamos del expresidente Uribe y de su partido. Poco importaron las reglas de la división de poderes y la independencia de la organización electoral.
La credibilidad de la Registraduría y de la organización electoral se encuentra en entredicho. Luego de este episodio se abre un manto de dudas sobre su capacidad para arbitrar con neutralidad el proceso electoral en curso.
Juegos peligrosos que a pocas semanas de la primera vuelta presidencial pudieron llevar a incendiar el pesado ambiente electoral que se percibe en Colombia.
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