El gasto del gobierno de México en pensiones contributivas alcanzó un alarmante 18% del presupuesto público federal en 2025, un máximo histórico que revela desafíos significativos para las finanzas del país. Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el gasto en este rubro representó el 17.9% del gasto neto total entre enero y noviembre de 2025, lo que ha generado preocupaciones sobre la sostenibilidad a largo plazo.
En el mismo periodo del año anterior, este gasto se había situado en 1.512 billones de pesos, lo que representa un incremento del 8.7% en términos reales. Jorge Cano, especialista en gasto público de la organización México Evalúa, señala que aunque es usual que los gastos en pensiones aumenten en sociedades con una población envejecida, la situación en México es particularmente preocupante. El incremento en el pasivo pensionario supera el crecimiento de los ingresos del gobierno, lo que podría limitar el margen fiscal disponible para otros sectores cruciales como educación, salud y seguridad.
Las pensiones contributivas se otorgan a aquellos jubilados que, durante su vida laboral, aportaron al sistema de seguridad social. En contraste, las pensiones no contributivas son financiadas totalmente por el gobierno, como la Pensión Universal de los Adultos Mayores, que en 2025 representó el 6.13% del gasto total.
Dos de los principales sistemas pensionarios que afectan las finanzas públicas son los del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Además, el gobierno también debe atender las pensiones de trabajadores de empresas estatales como Pemex y CFE. Aunque las aportaciones gubernamentales a las Afores representan menos del 5% del gasto global en pensiones, son parte del estricto paquete de obligaciones que enfrenta el erario.
En el contexto del gasto programable, que se destina a servicios públicos y bienestar, el gasto en pensiones constituyó un sorprendente 25.8%. Este se compara con el gasto no programable, que ya está comprometido con deuda y otras obligaciones.
Un factor que agudiza esta situación es la reciente reducción de la edad de jubilación para los trabajadores del ISSSTE, que podría acentuar el pasivo pensionario del gobierno. Un decreto publicado por la presidenta Claudia Sheinbaum establece que la edad mínima de jubilación se congelará en 56 años para mujeres y 58 años para hombres hasta 2028, fecha en la que comenzará una reducción gradual. Esto contrasta con la reforma de 2007, que planeaba aumentar la edad de jubilación.
Se estima que la reducción en la edad de retiro costará más de 36,000 millones de pesos entre 2025 y 2030. A medida que se acercan estas fechas, se anticipa que el pico de jubilados del sistema anterior ocurrirá entre 2030 y 2040, intensificando la presión sobre las finanzas públicas.
La situación es clara: el creciente gasto en pensiones dibuja un panorama desafiante para el gobierno mexicano, que podría verse obligado a recortar inversiones en áreas esenciales como educación y salud si no se estabilizan los ingresos. La necesidad de un enfoque fiscal responsable se torna apremiante en este contexto de creciente carga social.
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