La rápida expansión de las organizaciones criminales en Brasil, especialmente el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), que fueron designados por Estados Unidos como Organizaciones Terroristas Extranjeras, está generando una inquietante colaboración con actores vinculados al terrorismo en Oriente Medio, como Hezbollah en el Líbano. Este fenómeno, impulsado por miles de millones de dólares provenientes del narcotráfico y otras actividades delictivas, ha hecho que estas facciones recurran a sofisticados esquemas internacionales para mover y lavar dinero, poniendo en riesgo la seguridad regional y constituyendo una amenaza para el hemisferio.
La magnitude de esta problemática se destacó el 15 de julio de 2026, cuando la Policía Federal lanzó la Operación Hawala. Esta investigación expansiva llevó a la detención de diez personas y a la acusación formal de doce más. La operación se centró en una red internacional que, según las autoridades, blanqueó 100 millones de reales brasileños en beneficio de las tres principales facciones criminales del país: PCC, Comando Vermelho y el Terceiro Comando Puro (TCP). A pesar de que la investigación aún está en sus primeras etapas, ya se indagan posibles vínculos con Al-Qaeda y Hezbollah.
Una de las razones que alimenta estas sospechas es el extenso historial de Hezbollah como intermediario financiero para el crimen organizado. Entre los 22 acusados en la Operación Hawala se encontraban siete ciudadanos libaneses, miembros de la comunidad chiíta libanesa en Brasil, quienes presuntamente manejaban una amplia red de empresas ficticias para lavar fondos ilícitos. Dichos empresarios son señalados como responsables de expandir el flujo de dinero ilegal en la región de la Triple Frontera, el área que abarca Argentina, Brasil y Paraguay, conocida históricamente por su vinculación con las finanzas ilícitas y el terrorismo.
Si bien aún es prematuro confirmar vínculos directos con Hezbollah, Brasil se ha convertido en un punto focal para la organización en América Latina. Su relevancia se ha consolidado a lo largo de casi tres décadas, albergando permanentemente a representantes de Hezbollah.
El primer clérigo de la organización que residió en Brasil fue el fallecido jeque Ali Abou Raya, quien dirigió la Mezquita del Mensajero de Dios en São Paulo. Su conexión con Hezbollah se reveló tras su muerte en un ataque israelí en 2024. Su sucesor, el jeque Bilal Mohsen Wehbe, también recibió sanciones por el Departamento del Tesoro de EE.UU. debido a su rol como líder de Hezbollah en Sudamérica, aunque continuó operando sin grandes restricciones en Brasil hasta 2019.
El actual líder, el jeque Badri Abdul Menhem Mouawia, llegó a Brasil en 2024 y obtuvo residencia permanente en 2026. Su relación con Hezbollah es clara, y mantiene lazos financieros con instituciones vinculadas a la organización.
La Mezquita de Brás se erige como un núcleo de actividades que reflejan el ideario de Hezbollah, incluyendo educación, cultura y religión. Las conmemoraciones que se llevan a cabo en este lugar, como las de la retirada de Israel del Líbano, exhiben la simpatía hacia la organización, mientras que las actividades juveniles fortalecen los vínculos emocionales con Hezbollah, algo que preocupa a las autoridades brasileñas.
Este ambiente se complica aún más por los lazos familiares entre la colectividad brasileña y Hezbollah. Ejemplos como Hassan Ali Gharib, presidente de la Mezquita de Brás, anidan historias de personas que han muerto en combate con la organización. Con cada generación, estas conexiones parecen profundizarse.
La situación en Brasil reviste serios desafíos para la seguridad nacional. Aún sin designar oficialmente a Hezbollah como grupo terrorista, las fuerzas de seguridad brasileñas enfrentan limitaciones para combatir las redes que facilitan el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Las políticas migratorias expansivas han permitido que muchos facilitadores de Hezbollah operen con relativa libertad en el país.
Frente a este complejo panorama, Brasil debe implementar una estrategia coordinada y multifacética. Un marco nacional de sanciones inspirado en ejemplos como el de Argentina podría fortalecer las capacidades de las instituciones encargadas de combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, mejorando así la seguridad y el control sobre estos flujos ilícitos.
Actualización a 3 de agosto de 2026: Las autoridades continúan investigando las redes de financiamiento de Hezbollah, señalando la urgencia de una respuesta integral a esta creciente amenaza. En este complejo ecosistema, la colaboración internacional se revela esencial para desarticular las facciones criminales y prevenir el terrorismo que enfrenta Brasil.
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